Presos, GSI, 911 y repartidores: pedidos y chicanas en el Concejo por la inseguridad
Se pidió que los detenidos en comisarías sean derivados a las cárceles, y que los empleados de deliverys tengan botones de alerta. Informes sobre la Guardia local y el sistema de videovigilancia provincial. Fuertes cruces entre ediles por las responsabilidades políticas y jurisdiccionales en la lucha contra el delito. El martes se reúne el Consejo de Seguridad.
Presos, GSI, 911 y repartidores: pedidos y chicanas en el Concejo por la inseguridad
En un tenso debate que duró casi una hora, el Concejo volvió a discutir y legislar sobre cuestiones locales que interesan a la ciudadanía. El tema se caía de maduro, luego del anuncio de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Urbana para la semana que viene y el resonante caso del joven Lucio Belfiori: fue la inseguridad, que lamentablemente no deja de estar en la agenda pública ni en la crónica roja de las sucesos policiales.
Sobre tablas, se aprobó una comunicación del concejal oficialista Julio Garibaldi, donde se le solicitó al Gobierno provincial que traslade personas detenidas en comisarías y sedes policiales de la ciudad capital a establecimientos del servicio penitenciario, para "poder afectar el mayor número posible de agentes policiales a los servicios de mantenimiento de la seguridad y el orden público".
Ya en los despachos con pedido de preferencia y en el Orden del Día, se sancionaron otras tantas iniciativas relacionadas con la problemática de la escalada delictiva: Sebastián Mastropaolo y Hugo Marcucci (UCR-Juntos por el Cambio), por ejemplo, pidieron informes sobre la cantidad de personal que conforma la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) del municipio, el número de móviles activos a la fecha y el presupuesto asignado.
También, los ediles opositores requirieron saber "el estado, causa de demora y fecha de aplicación operativa" de la unificación de los Sistemas de Videovigilancia Provincial (911) con el Centro de Monitoreo local. Y demandaron explicaciones al Ejecutivo local acerca de la ejecución presupuestaria para la adquisición de cámaras, domos, software, motos y vehículos.
Sus aliados de interbloque, Adriana Molina, Carlos Pereira e Inés Larriera, impulsaron otra comunicación (también aprobada) solicitando al municipio un estudio para saber si es factible entregar botones de alerta a los repartidores que prestan el servicio de delivery, y conectar estos dispositivos al Centro de Monitoreo de la ciudad. Como se sabe, en estas últimas semanas estos trabajadores están en el radar de la delincuencia en Santa Fe. También solicitaron patrullaje preventivo en la zona delimitada por Bv. Pellegrini, Av. Freyre, Mons. Zazpe, Lamadrid, Mosconi y Naciones Unidas.
Pero el proyecto de Garibaldi, que -parecía- iba a pasar desapercibido, fue el puntapié inicial para una discusión reñida entre varios ediles, en la que no faltaron chicanas políticas sobre las gestiones anteriores de provincia y municipio y las actuales, pases de facturas sobre las competencias jurisdiccionales en materia de lucha contra el delito, e incluso por momentos pedidos de "no nos agredamos en el recinto, por favor".
"Estamos pidiendo al gobernador (Omar Perotti) que habilite el traslado de detenidos en comisarías de la ciudad a sistema penitenciario. Las comisarías están súperpobladas: existe una capacidad para alojar a 138 reclusos, pero hoy hay 330 detenidos: es más del doble. El riesgo de fugas está latente y los policías, en lugar de estar patrullando, deben quedarse a controlar a los presos" dijo Garibaldi.
Luego citó algunos números de homicidios y ataques recientes en la vía pública, y preguntó en voz alta: "¿Qué respuesta le da Perotti a los santafesinos en materia de seguridad? El silencio… -se respondió a sí mismo-. No sabemos cuál es su plan para contrarrestar esta problemática, y 'la paz y el orden' fue su slogan de campaña", declaró el edil socialista, cercano al intendente Emilio Jatón.
"Comparto algunos pasajes, aunque después (Garibaldi) se puso un poco 'chicanero para la tribuna'", le respondió Federico Fulini, de Unidad Ciudadana. El concejal kirchnerista introdujo un actor que no deja de tener responsabilidades, como es el municipio local.
"La inseguridad atañe a todas las fuerzas políticas y a todos los estamentos estatales. La Municipalidad puede hacer más para enfrentar el delito, y no veo que lo esté intentando. Es el gobierno local quien tiene información fina sobre el territorio, mucho más que la provincia. No hagamos discursos parciales en una temática tan seria", le espetó a Garibaldi.
Para Mastropaolo, la gestión provincial en seguridad "va a quedar en el olvido: es de las peores que he visto en los últimos años", fustigó. "Quisiera escuchar la semana qué viene (en la reunión del Consejo de Seguridad) qué va a decir el ministro Jorge Lagna sobre todo lo que le vamos a preguntar. Y quisiera saber qué dirá el municipio sobre las asignaciones que desde este Cuerpo le aprobamos para combatir el delito en esta capital". Volvió a cargar las tintas sobre la gestión provincial, a la que tildó como la "gran responsable" del drama que ocurre hoy en las calles de la provincia.
Le salió al cruce el concejal perottista Juan J. Saleme. "Me entristece que algunos caigan en esta demagogia discursiva, y quieren hacer hacer cortes históricos de tal año a tal año… De repente se olvidan de algo: ustedes gobernaron la ciudad y la provincia durante 12 años (aludiendo a la alianza del Frente Progresista con el sector de la UCR que hoy forma filas en la coalición de Juntos por el Cambio)", disparó.
Cuando Perotti asumió en la Casa Gris, "la provincia ya estaba en crisis y en emergencia declarada de seguridad. Y el municipio se quedó también: hay falencias en prevención del delito y el cuidado del espacio público, como la falta de iluminación. Simplemente se olvidan...", tiró una elíptica chicana.
Hugo Marcucci quiso poner un poco de moderación, y pidió no hacer "partidismo" sobre la problemática. Aludió a lo que se viene, el encuentro del Consejo de Seguridad. "Ahí se deber discutir en serio. Están equivocados quienes creen que un espacio como ése es para hacer catarsis o politiquería barata. El Consejo debe servir para algo concreto, y tiene que funcionar de forma periódica. Nos van a tener que decir, tanto el intendente como el ministro, qué están proponiendo y planificando para contrarrestar la inseguridad", exclamó.
En principio, la reunión del Consejo de Seguridad Urbana será el martes 22 por la mañana. Allí se sentarán alrededor de una misma mesa el intendente Jatón, el ministro Lagna, el fiscal regional Carlos Arrieti, los concejales, referentes de la policía y vecinalistas. Las expectativas están puestas en que defina alguna medida concreta para frenar el delito en esta capital, pues las palabras, tal la situación que se padece hoy en las calles, ya no alcanzan.