La novela de los trapitos en Santa Fe: un proyecto polémico que volverán a revisar

El “culebrón” de los cuidacoches en la ciudad de Santa Fe comenzó el 6 de marzo, cuando el intendente Juan Pablo Poletti, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo, dijo lo siguiente: “El futuro programa del Estacionamiento Social Asistido nos proveerá del marco legal adecuado para contemplar la actividad de los actuales cuidacoches y su evolución, en un nuevo paradigma de transición hacia un sistema más digno y de contención social integral”.

La novedad avivó las ansiedades de las requisitorias periodísticas. En las conferencias de prensa se preguntaba cómo y dónde, bajo qué modalidad se implementaría este plan, frente a una ordenanza actual sancionada en 2019 que intentó regular la actividad de los cuidadores de vehículos, pero que nunca se pudo llevar a la práctica.

De a poco, fueron conociéndose algunos datos, sacados a tirabuzón de los propios funcionarios municipales. Pero la cuestión empezó a aclararse cuando el Ejecutivo remitió al Legislativo local el mensaje Nº 12, donde solicitaba la derogación de la actual ordenanza de cuidacoches (Ordenanza N° 12.635) y su prohibición, pero como una forma de allanar el camino para implementar el decreto que regulaba el plan de dársenas sociales.

ESA

Ese decreto, como informó en forma exclusiva El Litoral, era el Nº 00027/2024, y que ahora puede consultarse aquí, en el sitio oficial de la Municipalidad. ¿Qué decía ese acto administrativo? Básicamente creaba el Programa de Estacionamiento Social Asistido (ESA), y disponía que los cuidacoches -“asistentes de cobro de estacionamiento”- que hoy están en el macro y microcentro, no podrían realizar más allí esa actividad laboral no formal.

Tendrían una determinada zona asignada (son poco más de 60 manzanas), que abarca los barrios Candioti Norte y Sur, y principalmente podrían trabajar en horarios nocturnos. A su vez, los “asistentes” no tendrían que contar con antecedentes penales para estar en el programa. Estarían identificados y habría una tarifa fija que impondrá el Ejecutivo.

Y los frentistas dentro del radio del programa contarían con una franquicia de seis horas para estacionar sus coches, y no abonarían nada de 20 a 4 de la mañana. El programa regiría hasta el 28 de febrero de 2025.

Un dato a no omitir: en los considerandos del decreto, se manifestaba que en virtud de la Ordenanza N° 12.936, por la cual se declaró el estado de Emergencia Social y Económica en la ciudad, el Ejecutivo “entiende oportuno involucrarse en la búsqueda de alguna solución para las personas que actualmente desempeñan tareas de cuidado de vehículos en la vía pública y se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

Un giro brusco

Pero ahora viene el “volantazo”: este viernes, figuraron en los Asuntos Entrados del Concejo -que sesionará el próximo lunes 6- el Mensaje Nº 14 (Expte. N° DE-00135-01954148-1), que mandó el Ejecutivo al Legislativo para su tratamiento. Ese mensaje es un proyecto de ordenanza derogatoria de la actual norma que regula a los “trapitos” (aunque se insiste, nunca estuvo operativa) y distinto al mensaje 12.

Este nuevo mensaje también solicita que se derogue la actual Ordenanza N° 12.635, y que se prohíba “la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública” en toda la ciudad. No ofrece, al menos por ahora “un Plan B” de regulación normativa (como sí lo intentaba en mensaje 12) de la labor informal de los “trapitos” y lavadores de coches.

La semántica política

Incluso, es llamativo en los considerandos de este último mensaje el cambio en el tenor semántico de las palabras por parte del Ejecutivo. Dice, en este sentido: “La Municipalidad no puede permitir la apropiación ilegal del espacio público, es por ello que (…) se propicia la prohibición de la actividad de cuidacoches y/o de lavado de autos en toda la ciudad”.

“Es prioridad para este Ejecutivo ordenar y pacificar la ciudad, siendo esta medida fundamental para lograr dicho cometido”, expresa el texto en otro tramo. “La actual ordenanza no cumplió su cometido, por lo que resulta necesario abordar esta problemática que aqueja a todos los santafesinos”, añade luego.

Otro párrafo: “Actualmente en la ciudad coexiste el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) que regula las zonas donde se debe abonar por el uso de espacio público y los cuidadores de vehículos, imponiendo al ciudadano una doble obligación económica, que de no ser satisfecha conlleva una multa por parte del Municipalidad”.

La primera lectura que surge es que de aquel primer mensaje con el decreto creando el programa de ESA -que generó tanta resistencia y tensiones entre los vecinos de Candioti-, del discurso se desprendía un tono “socialmente inclusivo”; ahora, la retórica del último mensaje es "directamente “prohibitivo”.

Interrogantes

Si el Concejo trata el mensaje Nº 14, deroga la actual ordenanza de cuidacoches y prohíbe, a pedido del Ejecutivo, la actividad informal de los cuidacoches y lavadores de autos en toda la ciudad, ¿cómo se garantizaría que no haya ningún “trapito” en el ejido municipal, que tiene una superficie total de 268 kilómetros cuadrados?

¿Habrá inspectores municipales cuidando que en cada cuadra de esta capital no haya cuidacoches? ¿Estarán acompañados por policías? ¿Se modificará el Régimen de Infracciones y Penalidades, imponiendo formalmente la contravención de ser cuidacoches? ¿Se estipularán multas para esta infracción? ¿O no pasará nada, y todo seguirá como está?

Segundo: ¿qué entidad pasará a tener la Emergencia Social y Productiva, herramienta que Poletti pidió al Concejo y éste se la otorgó? Hoy la capital está en estado de emergencia social, y esto habilita al gobierno municipal “la adopción de medidas urgentes con el fin de favorecer el acceso a la alimentación adecuada de los sectores vulnerables; fomentar la formación educativa y/o la adquisición de experiencia (…) sobre oficios para insertarse en ámbito laboral”.

“También el Ejecutivo podrá adoptar medidas sociales y económicas, por sí mismo, cómo mediante la asistencia y cooperación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, haciendo uso racional de los recursos que disponga” para atender la emergencia social. Así las cosas, las idas y venidas sobre este tema siguen generando polémica en la opinión pública