Se reavivó en el Concejo de Santa Fe el debate sobre las apps de viajes privados

La ciudad está empapelada desde hace meses con publicidades de una plataforma de viajes privados de personas, en los cuales se ofrecen traslados de un muy menor costo a lo que cuesta la tarifa plana de taxis y remises, y hasta un "sueldo elevado y de base" para quienes se inscriban como conductores. Este tema, sumado a la crisis del transporte público de pasajeros por colectivos, volvió a desembarcar en el Concejo santafesino.

El concejal Federico Fulini (UC) impulsó una comunicación (aprobada por el Cuerpo legislativo), donde se le solicitó al Ejecutivo Municipal que informe a las firmas que ofrecen servicios de publicidad gráfica cuáles son las empresas habilitadas para brindar el servicio de transporte público de pasajeros, "con el objetivo de evitar que publiciten aquellas que ofrecen dicho servicio de manera ilegal".

Cabe recordar que el 14 de octubre de 2020, el Concejo sancionó tres resoluciones para intentar frenar la operatoria de Uber. Primero, dispuso que el transporte de pasajeros en automóviles deberá realizarse en la ciudad "sin excepción" siempre en cumplimiento a las ordenanzas N° 11.661 y 9.981 por las que fue declarado y regulado el servicio público de taxis y remises. Los otros dos fueron sendos pedidos de informes requiriendo al municipio datos sobre si, en efecto, esta app y otras similares están operando en Santa Fe, y bajo qué modalidades.

Fulini puso en contexto: "Hay una empresa que no tiene habilitado su servicio y que está publicando en la vía pública (dicha plataforma es Maxim). Esperemos que a esta firma el Ejecutivo le informe cuáles son las empresas que sí están habilitadas para ofrecer este servicio. Porque nos encontramos con la situación de que en cualquier columna están estos afiches, en cualquier barrio...", advirtió.

"El Ejecutivo tiene que analizar esta situación, controlar y multar. Estamos teniendo una empresa cuyo servicio es ilegal en esta capital, que nos está empapelando la ciudad, delante de nuestras caras y de la cara del Estado municipal, el cual parecería que está quedando medio 'zonzo': nadie quiere que le tomen el pelo al Estado local", fustigó Fulini.

Otra posición

Pero hacia el interior del Concejo hay posturas distintas: algunos, como el concejal de Unidad Ciudadana, se niegan a la operación de estas plataformas ya que ello va en detrimento de los trabajadores que sí están regulados para viajes particulares (taxistas y remiseros). Otros, como Sebastián Mastropaolo (Pro-Juntos por el Cambio), están a favor de que operen sin prohibiciones, pero bajo una regulación específica.

En rigor, en abril de 2021 impulsó (junto a la ex concejala Luciana Ceresola), un proyecto de ordenanza que pretendía regular la prestación del servicio de viajes particulares por vía de estas plataformas digitales. Es decir, darles a Uber, Maxim -e incluso Cabify- un marco de legalidad en la ciudad, pero con estrictos requisitos, y con el pago de las correspondientes obligaciones tributarias. Esta iniciativa no prosperó a nivel legislativo: aún está estancada en una comisión hace seis meses.

En el recinto, Mastropaolo dejó sentada su posición. "Sigo insistiendo en dar la discusión en este espacio legislativo sobre la legalidad o ilegalidad del transporte privado de personas. No podemos hablar de un debate serio si el proyecto que impulsamos en su oportunidad (antes aludido) no avanza en comisiones".

Todo esto, en el marco de "una crisis del transporte general". "Y la realidad -planteó Mastropaolo- es que ni siquiera se considera que lo que proponemos es mejorador de lo que tenemos (aludiendo a la regulación de estas plataformas). En esa iniciativa, las personas que presten el servicio a alguna de estas empresas deben estar habilitados con los mismos requisitos que se les exige a un taxista o un remisero, con lo cual tampoco habría competencia desleal", fijó posición.

¿Audiencias públicas?

"Este tipo de cuestiones se da por el desorden que hay. Y ante la crisis generalizadas de los subsistemas de transporte, ¿por qué no convocar a audiencias públicas para dar una discusión de fondo no sólo sobre estas plataformas de viajes particulares, sino también sobre el sistema de transporte por colectivos?", propuso Fulini, ampliando el debate al resto de las bancas.

"Hablamos de algo muy sensible para toda la ciudadanía: el transporte público. Entonces, tomemos el toro por las astas, y si el Ejecutivo se demora en resolver la situación, hagámoslo desde este Cuerpo. Convoquemos a audiencia pública con todos los actores involucrados. Esta situación no admite más parches", interpeló a sus pares.