El escándalo que salpicó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras las denuncias que recibió en su contra por la retención y compras no autorizadas de alimentos que debía ser destinados a comedores barriales de todo el país, derramó este jueves en el Concejo de Santa Fe.
Es que el Legislativo local sancionó un pedido de informes donde se le solicitó al Ejecutivo que dé detalles sobre la compra, almacenamiento y distribución de alimentos que ha realizado desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el día de la fecha.
¿Qué se solicitó saber de parte del municipio? Primero, la documentación en donde conste la compra (de alimentos) con el detalle de datos del proveedor, detalle de bienes adquiridos, valor monetario total e individual por ítems, y la imputación presupuestaria correspondiente.
Segundo, el lugar de almacenamiento de los alimentos, el stock disponible en cantidad de unidades, con el total de kilos y tipo de alimentos; y tercero, el detalle de la distribución de las partidas alimentarias según cantidad de unidades entregadas, total de kilos entregados y tipo de alimentos, por tipo de institución según nombre y CUIT.
Argumentos
En los argumentos de la resolución sancionada -que fue impulsada por la edila del Bloque PJ, Jorgelina Mudallel-, se sostiene: “Motiva el interés de conocer esta información luego de las disposiciones de Nación de negarse a entregar las más de 5 millones de toneladas de alimentos que hasta la fecha tiene guardados en galpones de su poder, incumpliendo con el rol de sus obligaciones según los programas vigentes”, sostiene el texto.
En marzo, el Concejo aprobó el Fondo de Asistencia Alimentaria, y el registro de comedores y merenderos sociales. Crédito: Archivo El Litoral
“Dada la situación, se estima que muchos de los comedores comunitarios y vecinos de nuestra ciudad podrían estar siendo perjudicados en la recepción de los alimentos, y es por ello que resulta necesaria la información del quehacer del Ejecutivo Municipal respecto a esta materia”, aduce Mudallel.
Además, la problemática alimentaria se encuentra agravada en el marco de un contexto de crecimiento de la inflación (63,1% acumulado en los primeros cuatro meses del año según el IPEC), y el costo de vida (67% acumulado en los primeros cuatro meses del año para la Canasta Básica Total según INDEC), pone en contexto la norma.
Y segundo, la aprobación -también por ordenanza- de un registro para comedores y merenderos comunitarios, a los cuales, en cumplimiento de las condiciones interpuestas, se les debe transferir fondos para la adquisición de alimentos.
Para ello, se creó el Fondo de Asistencia Alimentaria, que se nutre de los dineros que el municipio tiene que derivar a esas entidades sociales, y está conformado por un porcentaje que tributan por Drei las entidades financieras. Son unos $500 millones anuales. Esto se sancionó el 22 de marzo pasado.
Declaraciones
En manifestaciones a la prensa, Mudallel declaró que la gente “no la está pasando bien, porque el hambre no espera. Lo que pasó a nivel nacional fue una visión de cómo estamos en el país… Es decir, debió intervenir la justicia para reconocer que había millones de alimentos pudriéndose en un galpón”, fustigó la concejala.
La concejala Jorgelina Mudallel (Bloque PJ). Crédito: Mauricio Garín
Y a nivel local, “sólo queremos saber cómo el municipio está trabajando en este sentido, si lo que pasa a nivel nacional influye en la llegada de alimentos para comedores y merenderos a la ciudad, cómo se están distribuyendo y, finalmente, cómo es la aplicación efectiva del Fondo de Asistencia Alimentaria”, declaró.
Antes, eran organizaciones de la sociedad civil (CONIN Santa Fe, por caso) quienes estaban encargadas de hacer las distribuciones de alimentos a los comedores. “Pero desde Nación se desligitimaron esas entidades. Ante esta situación que se vive a nivel nacional, no podemos negar (si no han llegado los alimentos de Nación a esta capital) que esto tendría un impacto muy negativo para la ciudad capital”, cerró Mudallel.