Sábado 4.6.2022
/Última actualización 13:48
Tras las restricciones establecidas en el contexto de la emergencia sanitaria, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria padecieron profundas dificultades para el sostenimiento de su actividad económica, a la vez que demostraron su capacidad para sostener, frente a los embates de la crisis, los niveles de empleo y actividad, promoviendo la asistencia social.
Así lo pudo constatar el primer relevamiento sobre el impacto de la pandemia en el cooperativismo de trabajo en el Aglomerado Gran Santa Fe, llevado a cabo en el último trimestre de 2021 por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y en cuyo desarrollo fueron entrevistadas 78 asociaciones.
Según el padrón confeccionado por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), a noviembre del año 2021 se encontraban vigentes 145 cooperativas. El equipo de investigación obtuvo datos de contacto de 101 cooperativas, y con los 44 restantes no fue posible conseguirlos. De ese total se logró encuestar a 78 (las 23 restantes no quisieron responder o participar de la encuesta).
El resultado es el documento cuya denominación ya establece un diagnóstico: "Cooperativismo de trabajo en el Aglomerado Gran Santa Fe. La débil articulación con el Estado y la necesaria construcción de un entramado institucional participativo".
Conviene recordar el concepto de cooperativas de trabajo. Éstas "refieren a organizaciones que se constituyen a partir de la asociación voluntaria y autónoma de personas para satisfacer sus necesidades, bregando por cubrir aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática". Esta modalidad incluye asociaciones profesionales, obreras, de producción, de servicios, de transporte, gráficas y de turismo, entre otras, que comparten rasgos de asociatividad y autonomía en la gestión.
El cooperativismo de trabajo "representa el 82% del total de cooperativas de la ciudad de Santa Fe, con la particularidad que la mayoría de éstas han obtenido sus matrículas en aquellos períodos con fuerte presencia territorial de políticas públicas destinadas a su generación". A su vez, "es marcado su rol como instituciones de apoyo y sostenimiento de sectores vulnerables y excluidos", establece el informe como punto de partida.
A partir del año 2020, las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) propuestas por las distintas gestiones de gobierno -a fin de dar respuesta a la emergencia social y sanitaria-, llevaron a la suspensión de las actividades económicas no esenciales. Dentro de éstas, las pequeñas empresas, muchas organizaciones de economía social y los trabajadores poco cualificados son los que se han visto mayormente perjudicados.
Una radiografía
Del relevamiento realizado se desprende que el 43% de las cooperativas de trabajo (CT) relevadas llevan a cabo actividades vinculadas a la construcción y un 18% prestan servicios generales, creciendo su participación en obras y servicios públicos y privados (parquizaciones, mantenimiento de espacios públicos, construcción de viviendas, servicios de limpieza, recolección, producción de bloques de hormigón, canaletas, construcción de caminos, entre otras, producción de ropa e indumentaria).
El 70% de las CT encuestadas manifestaron haber transitado dificultades con relación al sostenimiento del trabajo/producción, y dentro de ellas, el 60% ha indicado como principal problemática la caída en la demanda de trabajo, en sus diversas formas. A ello se les sumaron el acceso a las fuentes de financiamiento (41%), y dificultades en la producción y/o comercialización. Luego le siguen contratiempos internos como los organizacionales o el sostenimiento de los vínculos entre asociados.
A partir de allí se analizaron las percepciones de las organizaciones en torno a la vinculación con el Estado y las políticas públicas. "Si bien desde las administraciones gubernamentales (especialmente de escala nacional) se promovieron diversas medidas y políticas de sostenimiento de las actividades, en el relevamiento se observó que entre el 60 y 70% de las CT encuestadas manifestaron tener poca o nula vinculación con las distintas gestiones de gobierno". Si se desagregan los resultados en los tres niveles de gobierno, se observa que los resultados son similares.
Vinculación
Así, con respecto a la interacción con el gobierno local (Departamento La Capital), aproximadamente el 60% de las cooperativas encuestadas manifestaron tener escasa o nula vinculación; sólo un 20% dio cuenta de un vínculo fluido y continuo. Al indagar sobre los modos de tal interacción, de aquellas que manifestaron tener relaciones, el 46% lo hizo mediante demandas de trabajo (obras y servicios públicos) y un 15% para acceder a fuentes de financiamiento.
Cuando se analiza la articulación con el gobierno provincial, se tiene que más de la mitad de las cooperativas manifestó tener escasa o nula vinculación. De aquellas que manifestaron cercanía al gobierno provincial, lo han hecho por la vía de demandas de trabajo (32%) o acceso a fuentes de financiamiento (21%).
En cuanto al gobierno nacional, casi el 70 % de las cooperativas de trabajo dieron cuenta de una débil relación; del 30% restante, las vinculaciones se dieron en relación con fuentes de financiamiento (45%) y desarrollo de trabajos de obras y mantenimiento de espacios públicos.
El soporte nacional
Conforme las medidas del Aspo, el gobierno nacional acompañó con un gran cúmulo de políticas públicas y programas de sostenimiento de la actividad productiva, que pareciera no haber sido implementadas en el cooperativismo de Trabajo santafesino, tal cual se infiere del informe.
"Una primera inferencia respecto a esta cuestión sugeriría considerar que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para contener los impactos de la emergencia sanitaria por Covid-19 han estado dirigidas, principalmente, a mitigar los impactos directos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad (a través de la ampliación de las prestaciones sociales) y los trabajadores informales de forma directa; y las pequeñas y medianas empresas (a través de exenciones impositivas, créditos a tasa blanda, subsidios, etcétera). Por su parte, las cooperativas de trabajo, al estar enmarcadas dentro de las políticas generales de asistencia para la producción y el trabajo, se han visto profundamente limitadas al acceso".
Aun considerando lo anterior, y analizando las líneas y programas a los que han accedido se destacan dos: Trabajo Autogestionado (línea I) y el Programa Potenciar Trabajo, ambos concebidos para el sostenimiento de ingresos de los trabajadores/asociados, a través del subsidio directo.
"Específicamente, contar con información clara y precisa de quienes generan oportunidades reales de empleo como son las cooperativas de trabajo, es fundamental para quienes impulsan políticas públicas. Y es lo que hoy estamos poniendo a disposición".
Al respecto, Jorge Henn, manifestó: "Estamos convencidos que luego del duro impacto que produjo la pandemia, sobre todo en la Economía Social, la forma es actuar localmente, y esta interacción en el territorio entre las Cooperativas, la Universidad y la Defensoría del Pueblo permite generar mayores beneficios para todas las partes”.
Tres sugerencias
- Generar espacios institucionales de coordinación y vinculación entre organismos estatales relacionados con la temática.
- Intervenciones públicas desde una mirada intersectorial, lo que implica acordar el desarrollo de acciones conjuntas de diversos organismos y dependencias gubernamentales.
- Avanzar hacia un diagnóstico situacional del sector, procurando reconocer las características que les son propias.
La investigación fue realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Jorge Henn y Gabriel Savino, y el Programa de Economía Social y Solidaria de la UNL, cuyo rector es Enrique Mammarella. El equipo de trabajo de Políticas Públicas y Economía Social y Solidaria está integrado por Julio Tealdo (coordinador académico general) y Julio Lozeco y Orlando Sotto (graduados investigadores docentes).