Salomé Crespo
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@salomecrespok
Una ex empleada de la histórica residencia para niños se presentó en la Fiscalía Regional y advirtió sobre posibles manejos irregulares de fondos. También cuestionó el trato a los pequeños.
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A horas de cumplir 80 años, el funcionamiento de la Casa Cuna Atanasia H. de Durán se ve otra vez envuelto en un manto de sospecha. La semana pasada, una ex empleada del hogar se presentó ante la Justicia y denunció presuntas irregularidades en el cuidado que en la residencia se brinda a los menores y en la administración de los fondos del hogar.
Los hechos no son nuevos, sólo que esta vez fueron expuestos ante la Fiscalía Regional que depende del Ministerio Público de la Acusación. El antecedente tuvo lugar en marzo, cuando la autoridad local de la Sociedad San Vicente de Paul, de la cual depende Casa Cuna, denunció públicamente que el hogar estaba atravesando una crisis económico-financiera y apuntó al descuido en la atención de los niños allí alojados. En ese momento, se designó una nueva comisión directiva (tras pedirle la renuncia a la que estaba en funciones) que encaró un proceso de “normalización” del hogar, a cargo de Leopoldo Albizzati, quien hoy se desempeña como tesorero. Fue el propio Albizzati quien en los medios de la ciudad afirmó que no contaban con dinero para alimentar a los niños y se explayó, entre otras cuestiones, sobre el pésimo estado edilicio.
La gravedad de la presentación radica en que la histórica residencia de calle San Juan tiene a su cargo la protección de 46 niños separados de sus familias, por decisión de la Justicia de Menores y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
La fiscal Carolina Parodi confirmó la existencia de la denuncia, realizada el pasado 19.
Según Parodi, la mujer, cuya identidad se reservó, apuntó al mal manejo de fondos del hogar y al trato con los niños. Dicha presentación fue ratificada en ese mismo momento, aunque la fiscal evalúa convocar nuevamente a la ex empleada para que amplíe la denuncia y brinde mayores precisiones sobre lo que expuso para proceder en la investigación.
De todas maneras, la fiscal Parodi afirmó que al tratarse de una situación “que cuestiona la protección y el resguardo de los derechos de menores, gestionará pedidos de informes ante la Casa Cuna y la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia”.
La misma denuncia habría sido radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia. Pero desde el organismo no confirmaron si efectivamente la presentación existió.
La semana pasada, al tomar conocimiento de la denuncia, El Litoral se comunicó con la actual presidente de la comisión directiva, Liliana Peralta, quien se limitó a decir que en el hogar “está funcionando todo bien” y que sólo haría declaraciones a la prensa sobre el festejo del aniversario del hogar.
La pata del Estado
Esta mañana en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aún no habían recibido notificación de la denuncia.
Los sucesivos cuestionamientos, incluso desde adentro del mismo hogar, generan interrogantes. Uno tiene que ver con el funcionamiento de una organización que si bien es “privada”, le presta un servicio al Estado y a cambio, recibe fondos públicos.
Desde que la nueva comisión directiva tomó la riendas de Casa Cuna, fue desplazada de la estructura organizativa, la delegada permanente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como ocurría hasta hace unos meses. Mónica Falcone era “los ojos” del organismo entre las paredes del hogar. Es decir que, las autoridades de Niñez confían absolutamente la protección de 46 niños al hogar y la evaluación de ese trabajo resulta de reuniones periódicas con las autoridades del hogar y el contacto permanente con un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría, según dijo el funcionario.
“Falcone estaba en la dirección (de Casa Cuna). Nos habían pedido una directora que dependa de Niñez y aceptamos. La nueva comisión directiva prefirió tener una dirección propia, con lo que también estuvimos de acuerdo”, afirmó Allende y agregó que en cambio, “hay un referente de la Subsecretaría que está en contacto todos los días. Nuestro rol es de monitoreo y de control”. En este último tiempo, también mantuvieron una reunión con los representantes de la casa matriz de Buenos Aires, San Vicente de Paul.
“Tenemos varios niveles de trabajo con la casa. Con la comisión directiva de Casa Cuna y los equipos técnicos, con la Dirección de Niñez. Lo que buscamos es ponernos de acuerdo en el proyecto que plantea la CD para la atención de los pibes y las aspiraciones que tenemos nosotros”, señaló Allende. Respecto de los cambios de autoridades que se vienen dando en los últimos meses en el hogar, el subsecretario reconoció que, “por supuesto”, impactan en los niños.
“Esos cambios no son positivos. Nosotros apuntamos a la estabilidad de los trabajadores porque son los que generan vínculos con los niños. Los directores están abocados a la organización. Es una situación que afecta el funcionamiento institucional”, reconoció Allende.
Este año, el gobierno provincial incrementó el aporte de fondos que destinaba al hogar y a las instituciones de alojamiento de niños en general. Pasó de 8 millones al año a 18 millones, entre públicas y organizaciones de la sociedad civil. “Nosotros vemos muy positivo que existan las ONGs, demuestra la solidaridad y la participación de la sociedad”, concluyó Allende.
32 instituciones
de alojamiento integran el sistema de protección para niños y niñas de la Subsecretaría de la Niñez. De ese total, 12 son públicas y 20 son de gestión privada con convenio. Casa Cuna es una de éstas.
2.400.000 pesos
al año otorga la Subsecretaría de la Niñez a Casa Cuna para el funcionamiento del hogar. Un promedio de 3.500 pesos mensuales por niño alojado. Más una bonificación mensual para la contratación de personal profesional de 30.000 pesos.