Agotada la instancia técnica en los plenarios de comisiones, ahora los proyectos en busca de una ley de humedales estarán sujetos a una dinámica eminentemente política, en la cual debiera primar la negociación en busca de consenso.
Con los dictámenes en comisiones, el debate técnico se agotó. El próximo paso será tratarlo sobre tablas. Y para ello será imprescindible la negociación en busca de consenso. Sobre todo por la objeción de varias provincias afectadas. Sin cambios, "no va a tender a continuar", indicaron desde la Fundación Barbechando.
Agotada la instancia técnica en los plenarios de comisiones, ahora los proyectos en busca de una ley de humedales estarán sujetos a una dinámica eminentemente política, en la cual debiera primar la negociación en busca de consenso.
Sin embargo, a medida que avanza el calendario y se aproxima el tiempo electoral de 2023, los acuerdos se hacen más difíciles, incluso hacia dentro de los espacios políticos.
A su vez, la votación en comisiones reflejó una amplia resistencia de varias provincias a ambos dictámenes, por lo que -si no hay modificaciones- en el recinto "no va a tender a continuar, con lo cual no tendríamos avance en esta legislación", evaluó Manuel Chiappe, director general de Fundación Barbechando, entidad que sigue en el Congreso Nacional los temas de interés agropecuario.
El jueves 10 de noviembre, luego de meses de debate que desembocaron en la reducción de los 9 proyectos iniciales que ingresaron a la Cámara de Diputados a 2, uno del oficialismo (Frente de Todos) y otro de la oposición (Juntos por el Cambio), finalmente se emitió un dictamen de mayoría para el texto opositor y otro en minoría para el que impulsan el gobierno nacional y sus aliados.
El paso siguiente es el tratamiento en el recinto. Pero antes se deberá trabajar a nivel político. Y en ese sentido el trabajo en comisiones, según Barbechando, dejó un mensaje potente. Muchas provincias con humedales o mineras, a las cuales "cualquiera de los dos dictámenes les pega de lleno en la línea de flotación, se opusieron o votaron en disidencia ambos dictámenes". En esa lista se encuentran Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y mineras como Jujuy, Salta, Chubut, Mendoza, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan.
Según Chiappe, este es el aspecto más destacado del plenario del jueves. "Hay un mensaje muy fuerte que pasaron los legisladores a la sociedad" y debe leerse como algo positivo.
"Es algo transversal al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio", indicó. Y la lectura es que "están empezando a valorar la defensa de sus provincias y de sus habitantes, como debe ser, buscando leyes equilibradas; y estas votaciones en disidencia nos dicen que estos dictámenes no son 100% equilibrados en el desarrollo sostenible y nos levantan una señal de alarma que debemos escuchar".
Al momento de establecer las diferencia medulares entre ambas iniciativas, Chiappe sostuvo que el del oficialismo es más restrictivo, respecto de la actividad productiva agroindustrial. "Introduce dos principios: in dubio pro aqua e in dubio pro natura; es decir que, ante la duda en una disputa por algún tema ambiental siempre se va a beneficiar el agua o la naturaleza". Y también "exige evaluación de impacto ambiental" para realizar actividades productivas. Trámite que "normalmente se realiza para actividades que tienen un impacto significativo en el medio ambiente; pero este proyecto lo impone para actividades productivas típicas e históricas, como un cultivo extensivo".
En cambio el proyecto de la oposición, "es un poquito más amplio y le deja la potestad a las provincias de hacer esa regulación específica; es una ley más de presupuestos mínimos, como debería ser", opinó. Y si bien "es más compatible con una producción sostenible", aclaró que "igual sigue siendo una regulación sobre otra regulación", ya que -tal como argumentan los isleños- los humedales ya están protegidos por varias leyes.
El ejecutivo de Barbechando consideró que generalmente "lo que pasa en comisiones es un reflejo de lo que podría pasar en el recinto". Pero ahora se abre una instancia política de negociación, hacia adentro del bloque y con los demás "para tratar de armonizar esas miradas". Y si la postura de las provincias productivas no está contemplada en alguna modificación de esos dictámenes, "entendemos que el proceso no va a tender a continuar, con lo cual no tendríamos avance en esta legislación".
"Ahora viene la etapa política", remarcó, que excede al proyecto de humedales. "Vemos que es muy difícil en el ecosistema del Congreso lograr consensos porque hay muchas divisiones en ambos bloques", apuntó. En ese juego, será cuestión de ver qué peso o prioridad le asignan a este proyecto respecto de otros en discusión.
"Y pensemos que estamos llegando a un fin de año con sequía, y el año que viene vamos a necesitar todos los motores productivos del país en marcha para compensar la falta de dólares, como minería, petróleo, la agroindustria; entonces este tipo de intentos legislativos muchas veces paraliza las intenciones de inversión, crecimiento o expansión; entonces es necesario mandar señales claras", planteó Chiappe. Y añadió: "los acuerdos políticos son cada vez menos, los consensos son cada vez más difíciles de lograr; entonces va a ser difícil"; especialmente por la aproximación del tiempo electoral y las candidaturas en danza.
Ahora, si el debate se traslada al recinto de la Cámara Baja, se vota primero el de mayoría. Si es rechazado, se pone a consideración el de minoría. Pero "es difícil que sea rechazado un dictámen de mayoría en el recinto", apuntó.
También puede pasar que, políticamente, entre oficialismo y oposición se pongan de acuerdo "y específicamente el oficialismo, que tiene dictamen de minoría, con algunos cambios que se acuerden se sume al dictámen de mayoría".
Sin embargo, el especialista consideró que en la política argentina es difícil que un bloque se ponga a disposición de otro. Pero si hubiera un preacuerdo para introducir alguna modificación que solicite el oficialismo sería factible la media sanción. "Todo esto, de acá en adelante, va a ser un tema de negociación; y de cuanto peso le den los legisladores al desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) en sus provincias a la hora de empujar nueva legislación en temas ambientales", concluyó.
En cuanto a los tiempos, si hubiese interés en impulsar el tema hay tiempo hasta fin de año, por la extensión que hizo el presidente del período de sesiones ordinarias. Caso contrario, quedaría para el año que viene con las ordinarias a partir de marzo. O, si hay extraordinarias en febrero, ver si se incluye el tema de los humedales. Pero, advirtió Chiappe, en las últimas dos convocatorias extraordinarias que hizo el presidente Alberto Fernández "el Congreso no respondió y casi no sesionó".