Juan Manuel Fernández | @jotafernan
La dirigencia dijo no haber sido invitada a la discusión y planteó sus diferencias con lo aprobado en Diputados. También disparó contra la política, que fomenta la grieta en temas ambientales y apuró la aprobación casi sin debate parlamentario.
Juan Manuel Fernández | @jotafernan
“Sorpresa” fue la primera reacción que manifestó el ruralismo santafesino a la media sanción que tuvo en Diputados la reforma a la Ley 11.273 de fitosanitarios el jueves pasado. Desde Carsfe dijeron no haber sido notificados que se abordaría el tema y criticaron que se haya incluido en las típicas sesiones extendidas en las que -sobre el final de cada período ordinario- se votan decenas de iniciativas sin mayores debates.
“Nos agarró de sorpresa; preocupado por cómo se debaten las leyes en nuestra provincia”, dijo el coordinador de la Comisión de Agricultura de la entidad, Luis Mariano Mántaras, quien criticó que el tema se haya incluido “en esas sesiones maratónicas, prácticamente sin debate”. Y agregó: “ninguna de las entidades de la producción fue convocada a presenciar los debates”. También se quejó de que en 2018 las cuatro gremiales (Carsfe, FAA, Sociedad Rural y Coninagro) solicitaron audiencia en las comisiones de agricultura de ambas cámaras “y nunca nos convocaron”.
El texto que ahora deberán tratar en la Cámara de Senadores pertenece al diputado Santiago Mascheroni (UCR) y podría considerarse una “postura intermedia” frente a otros dos que también se debatían: uno de la socialista Inés Bertero, con el aval del sector agropecuario; y el restante de Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), restrictivo al punto de prohibir la aviación agrícola, con el apoyo de organizaciones ecologistas.
Entre varias modificaciones, una de las cuestiones más delicadas para el agro es el corrimiento de la distancia mínima para poder pulverizar respecto de centros poblados, rutas, curso de agua o establecimientos educativos de los 500 metros actuales a 1.000 para trabajos terrestres y los 3.000 que rigen para las aéreas llevarlos a 5.000.
Al respecto, Mántaras remarcó la “incomunicación” entre el Poder Ejecutivo, que durante la actual gestión impulsó con fuerza las Buenas Prácticas Agrícolas (existe un plan provincial en marcha) para garantizar la salud de las poblaciones y la preservación del medioambiente, y el Legislativo que propone mayores restricciones para la producción. “También nos sorprende por ese lado”, indicó el dirigente. “La ley está vigente y hay que dar las condiciones para que se cumpla”, agregó.
El dirigente incluyó la “cuestión distancias” en un listado de acciones “inaplicables” en las reformas propuestas. “¿En zonas suburbanas, cómo sería por ejemplo en la ruta 1 o los cinturones hortícolas, donde tenés las viviendas intercaladas con la producción”?, se preguntó. También enumeró aspectos “disparatados” como matricular los equipos de aplicación manual (mochilas) o que “siguen con las recetas agronómicas en papel cuando hoy se avanza en los formatos electrónicos”.
Sobre la actitud de la entidad a partir de ahora, el ruralista anticipó que iniciarán -nuevamente- el contacto con los legisladores. “La idea es trabajar junto a las otras entidades; convocar a los Senadores a ver si van a tratar el tema y buscar de proponer las mejoras que nosotros consideramos”, adelantó.
En líneas generales, la posición se resume en “hacer las cosas bien” y dar garantías de control para castigar a quien infrinja la ley. “El sector es de avanzada y a los productores nos preocupa el medioambiente y que las cosas se hagan bien; castigar a quienes hacen las cosas mal y premiar al que las hace bien, ese es el criterio que debemos tomar”, sintetizó. Y también cargó contra la política “que te lleva a estas falsas dicotomías, de enfrentarnos con los ambientalistas cuando todos queremos vivir en un ambiente sano”.