"Estamos llegando a los últimos acuerdos, la letra más chica. Se está llevando adelante con las indicaciones de Alberto Fernández, y a cargo del Ministro (Martín) Guzmán", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa, y reconoció: "Tenemos algún tipo de diferencias sobre el sendero para alcanzar las metas acordadas".
A la vez, la ministra afirmó que desde el Gobierno no brindarán detalles del acuerdo hasta que esté cerrado y firmado. "No hay que contar y anticipar porque es una negociación y las partes deben tener esa negociación en los términos que quieran. Será enviado al Congreso, espero que en estos días, y será debatido en toda su extensión", destacó.
A pesar del acuerdo, la portavoz manifestó que la Argentina "no se compromete a nada que baje su gasto social ni su gasto de capital", y descartó reformas jubilatorias y laborales. "No se compromete a nada que implique ningún tipo de ajuste o ir en contra del crecimiento que estamos teniendo", adelantó Cerruti.
Además, la portavoz admitió que el documento de entendimiento con el FMI que se filtró semanas atrás era el correspondiente a las fechas, pero resaltó que se trataba de un borrador, que sufrió modificaciones a la fecha. Cerruti descartó la opción de evitar el debate legislativo del acuerdo, tal como lo propuso ayer la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió.
"El ámbito para discutir y sancionarlo es el Congreso", sostuvo la funcionaria, al tiempo en el que repudió a la gestión de Mauricio Macri por contraer la deuda sin haber pasado por el Parlamento. A pesar de los últimos trascendidos, desde el Gobierno ponen en duda que el proyecto de ley pueda ser enviado al Congreso antes del 1 de marzo, dado que la principal discusión con el organismo de crédito se centra en los caminos para llevar adelante las metas acordadas.
Por su parte, Fuentes oficiales de Casa de Gobierno aseguraron que el crecimiento para el país será de 7 puntos en lugar de 4, número esbozado por el Fondo. Ante esto, el organismo que dirige Georgieva pide una mayor quita de subsidios. "Piden que el aumento de tarifas sea mayor que la inflación, a lo que nosotros decimos no. Esa discusión está hilándose fino", afirmaron.
"Ni tarifazos, ni tarifas congeladas"
El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno no quiere "repetir el tarifazo ni tampoco tener las tarifas congeladas", y a la vez garantizó que la suba en las boletas de luz y gas estará "por debajo de la evolución de los salarios".
"No queremos repetir el tarifazo que complicó la vida de muchos argentinos. Ni tampoco tener las tarifas congeladas, sino que su evolución sea por debajo de la evolución de los salarios y que todos los argentinos vayan recuperando la posibilidad de consumir bienes y servicios. Es una decisión política de un Gobierno que entiende que esto es prioritario", enfatizó el funcionario.
En ese sentido, Martínez ratificó que el ajuste que sufrirán los usuarios del servicio de gas será de entre 17% y 20% y que se verá plasmado en los consumos de marzo, que se abonarán en abril. También, afirmó que ese será el único ajuste que se aplicará en 2022 y anticipó que con las tarifas de electricidad sucederá lo mismo.
En declaraciones radiales, Martínez comentó que el porcentaje de aumento "es el resultado de las audiencias públicas" y añadió: "La decisión de cuánto va a impactar en la factura residencial es del 20% en el AMBA, de manera plana. Es la misma decisión que tomamos el año pasado".
"Las tarifas no están congeladas pero evolucionan mucho menos que el salario de los trabajadores", insistió. Con relación a los subsidios, el secretario de Energía comentó: "Hablamos de un uso más inteligente. Hay que subsidiar a quienes no pueden afrontar el costo. Es un tema que hay que abordarlo".
"Si la energía es barata o cara depende de la capacidad de cada sector. En eso el Estado tiene que estar atento a los sectores más vulnerables y a seguir ayudando, porque es lo que corresponde. Queremos recuperar el salario. Es una decisión política que también se tomó el año pasado y no tiene que ver con la discusión con el FMI", evaluó.
El Gobierno autorizó oficialmente el miércoles un aumento del 36% en el ingreso de las empresas distribuidoras y del 60% en el de las transportadoras de gas. Eso se traduce en un incremento de hasta el 20% en las tarifas para usuarios residenciales y del 15% para pymes. El ajuste que finalmente se estableció es inferior al reclamo que formularon las empresas en la audiencia pública de mediados de enero último.