El Litoral | politica@ellitoral.com
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, definía en Olivos la estrategia de contención frente al creciente aumento de desempleo y los efectos de la inflación.
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El gobierno nacional reforzará planes de ayuda social para mitigar los efectos del ajuste. La medida estaba prevista en el comunicado del 29 del mes pasado por parte del FMI, advirtiendo que había planteado para la revisión del acuerdo con la Argentina “políticas monetarias y fiscales más fuertes y profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables”.
En esa línea trabajaron en las últimas horas el presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con la atenta auditoría del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, el encargado de la tarea más ingrata en medio del ajuste que debe anunciar mañana, antes de viajar a Washington. El martes tiene previsto reunirse con Christine Lagarde, la titular del organismo multilateral de crédito.
Stanley estuvo en la residencia presidencial de Olivos para tratar personalmente con el presidente cómo abordará la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El “seguro” para incrementar el gasto social, previsto en el acuerdo inicial con el FMI, es de .500 millones para este año y alcanza a un 0,2% del PBI en los dos venideros.
La Casa Rosada analiza cómo extender, dentro de las restricciones presupuestarias, la ayuda a más planes y sectores. Entre los más vulnerables, el incremento de la ayuda puede ser un paliativo más directo. Pero en la mira está un sector que vive de “changas” o trabajo informal, que se descuenta será el más afectado por la crisis y que no está ni protegido por los mejores ingresos relativos de la clase media con trabajo formal, ni alcanzado por los planes de asistencia.
La sustentabilidad política y social del “ajuste” es clave para el gobierno de Macri, que afronta duros cuestionamientos de las organizaciones sociales que incrementarán sus marchas en las próximas horas. Y a eso se suman el paro de la CGT del 25 de setiembre y una medida aún más extensa de las dos CTA.
La gobernadora María Eugenia Vidal, ya anticipó su jugada y ordenó reasignar unos $ 1.000 millones del presupuesto de Buenos Aires para reforzar el gastos social. En el conurbano se juega gran parte de las necesidades insatisfechas y del humor social que desafía la gestión de Macri.
► 400 mil millones de pesos es el ajuste previsto para 2019 según las cifras preliminares de la “revisión”. Son $ 100 mil millones adicionales a los del acuerdo con el FMI.
Los números de la crisis
El 2 de enero el dólar cotizaba $ 18,90 para la venta en el Banco Nación de Buenos Aires. El viernes pasado alcanzó $ 39,45, lo que supone un aumento de la divisa del 109 %; la devaluación se calcula así en una cifra que supera el 52 % en lo que va del año.
No todo se traslada precios, pero la inflación de agosto sería las más alta del año y los cálculos más optimistas la ubican en 34 % para el cierre de este año. En Julio y según el Indec, el aumento de precios fue de 3,1%,y acumuló en el año 19,6%, muy por encima de la meta de inflación del 15% con la que arrancó el Banco Central como “meta 2018” a fin del año pasado.
El gobierno de Macri nunca pudo contener la “inflación núcleo”, es decir aquella que se mide por fuera del incremento de tarifas. La consultora Scentia calculó por ejemplo que los alimentos secos aumentaron entre enero y julio 31,5 %; esa es una categoría de especial sensibilidad para sectores de menores recursos que tienen base alimentaria en productos como pastas y arroz. Pero además los comestibles perecederos se incrementaron 22,4 % y las bebidas sin alcohol 18,9 %.
A nivel nacional en el primer trimestre del año -último dato oficial disponible- la tasa de desocupación alcanzó 9,1 %, casi 2 % más que en el último tramo de 2017. La tasa de desocupación para el Gran Santa Fe creció un 1,5 % con respecto al mismo período del año anterior, y un 3,5 % en relación al último tramo de 2017; en el Gran Rosario, este indicador disminuyó 1 % respecto de 2017 y aumentó 1,5 % en relación con fines del año pasado. Pero esos números aún no registran el mayor impacto e la crisis del dólar.
Los cálculos preliminares de la Universidad Católica Argentina advertían que 1,5 millones de argentinos volverían a caer bajo la línea de pobreza medida por ingresos, pero eso también fue antes de la corrida cambiaria de este mes.