2024, un año difícil y recesivo que "salvó" el complejo soja

La industria santafesina terminó el año con un retroceso de la producción manufacturera que rondará el 3 por ciento, después de atravesar un 2024 donde hubo entre 7 y 8 meses de caídas interanuales (que en algunos fue de hasta 2 dígitos), una recuperación heterogénea y limitada en algunas ramas a partir de los meses de agosto y setiembre, y que, de no haber sido por la actividad del complejo soja tras un 2023 de sequía histórico, hubiera estado entre los peores años del siglo XXI.

El último informe de la Federación Industrial de Santa Fe indica que la producción manufacturera creció en octubre el 14,9 % respecto del mismo mes del año pasado, sostenida por una fuerte recuperación de la actividad del complejo industrial soja, que creció el 121,9 % en el mes; lo que achicó la caída acumulada de toda la actividad de los diez primeros meses al 3,7 %. Todo indica que en noviembre y diciembre se mantendrá este comportamiento.

Pero aún más de la mitad de las distintas ramas industriales (58 %) sigue por debajo de los niveles del año pasado y, en caso de descontarse de la medición el complejo oleaginoso, la actividad hubiese caído en octubre el 4,4%. Hubo meses en el que más del 90 % de los sectores estuvieron produciendo por debajo de los niveles de 2023. Pese al esfuerzo hecho por la mayoría de los empresarios industriales para evitar despidos, la caída de la actividad igual impactó en los niveles de empleo ya se perdieron este año 5.500 puestos de trabajo en Santa Fe.

"Fue un año bastante complejo, con variables que se están acomodando, esperando que el próximo año la discusión sea por enderezar la micro, que la sociedad tenga mayor poder adquisitivo y -por sobre todas las cosas- que las Pymes industriales puedan recuperarse", resumió en la cena del Día de la Industria el presidente de la UISF, Cristian Fiereder.

Unos días del mes de junio muestran con contundencia el estado en el que estaba la industria manufacturera santafesina en la mitad de este año: por primera vez General Motors y Acindar, las dos empresas más grandes de la provincia sin tener en cuenta las que integran el complejo agroindustrial, estuvieron paradas al mismo tiempo por la brutal caída del consumo. En el caso de Acindar era la segunda parada del año. Mientras se escribe esta nota está parada por tercera vez, con 700 empleados suspendidos. En el caso de General Motors en octubre incrementó su producción más del 170 %, tras 13 meses consecutivos de retrocesos, debido al bajo nivel de comparación originado en la falta de insumos importados para producir en 2023.

En este contexto de crisis profunda y falta de políticas claras por parte del gobierno nacional, la mayoría de los empresarios industriales santafesinos han logrado sobrevivir a la ola libertaria por una serie de medidas que tomaron en sus empresas a partir de las enseñanzas que les dejó el gobierno de Mauricio Macri. Empezando por no endeudarse, situación que había puesto en riesgo a muchas de las firmas de la región en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos.

También los ayudó a amortiguar la crisis la buena relación que mantuvieron con los gobiernos provincial y municipales, quienes apuntalaron dentro de las posibilidades y recursos a quienes se enfrentaron con dificultades, buscando diseñar soluciones ante la ausencia de políticas nacionales o que directamente las afectaban poniendo en riesgo su subsistencia -como fue el caso del sector de los biocombustibles- o para atender necesidades propias, como la construcción de seis gasoductos en distintas regiones de la provincia, los distintos programas de capacitación y reentrenamiento del ministerio de Educación, los créditos a tasas subsidiadas, el proyecto de ley de parques productivos y las mesas sectoriales como la del Gas y el Petróleo, por nombrar algunas.

En nuestra región la obra de provisión de energía eléctrica al Área Industrial Los Polígonos, el avance en las del Gasoducto Metropolitano que estará concluido en el primer semestre del año próximo y el inicio del servicio de cargas desde el Aeropuerto de Sauce Viejo son algunas de las decisiones que se tomaron en 2024 destinadas a apuntalar la actividad económica de la región. Están pendientes obras de infraestructura, sobre todo viales, en disputa con el gobierno nacional.

La otra buena noticia es que aún en un contexto recesivo y de caída de la actividad, los empresarios industriales no perdieron las esperanzas de un futuro mejor ya que han manifestado en las encuestas cualitativas que hacen las entidades gremiales empresarias, organismos oficiales y consultoras un optimismo que se traduce en un porcentaje que superan el 70% cuando se les pregunta cómo piensa que será el año próximo.

Modelo en disputa

Pero los empresarios industriales no solo tuvieron que enfrentar un proceso recesivo y un nuevo régimen de organización económica y política. También tuvieron su batalla cultural y debieron salir a disputar (otra vez) las ideas sobre el rol decisivo que tiene la industria en la organización de una sociedad porque, entienden, no hay ninguna desarrollada que no sea industrial. El presidente y sus ministros reivindican un modelo de país agroexportador que dejó de existir hace más de 100 años, no creen en el agregado de valor ni en las cadenas productivas, ni en el rol que los estados juegan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ni en la importancia de las empresas productivas, ni en la necesidad de que el estado intervenga en el proceso para apuntalar, equilibrar e impulsar las distintas actividades económicas.

El mundo puso en los últimos años a la industria en el centro de la escena. Trabajos difundidos en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y de organismos financieros como el FMI, han profundizado en la necesidad de que los estados se involucren en la confección e implementación de políticas proteccionistas y de reindustrialización en sus países a través de distintos mecanismos como la inversión en investigación y desarrollo, subsidios, exenciones fiscales, créditos blandos, el compre nacional, construcción y desarrollo de infraestructura, la aplicación unilateral de regulaciones (como la prohibición de exportar determinados insumos a países competidores), políticas educativas y medidas de protección arancelarias -sobre todo en sectores que consideran estratégicos como el de los chips - después del período de apertura económica y acuerdos de libre comercio que ordenaron la economía mundial tras la caída del Muro de Berlín y hasta la crisis financiera de 2008.

El gobierno nacional subestima el rol de la industria, sobre todo de la manufacturera, porque cree que sus empresarios no están acostumbrados a competir y dependen de la protección que le brinda el Estado, que cazan en el zoológico y fabrican productos de menor calidad que venden más caros que en cualquier otro país. Nada nuevo. Desde los tiempos de Martínez de Hoz esa fue la política de algunos gobierno como el de Carlos Menem y Mauricio Macri. Los industriales se defienden mostrando que son competitivos para producir puertas adentro de la fábrica y que los sobrecostos están en la logística, la infraestructura y, sobre todo, en la comercialización.

El presidente le da importancia solo a algunos sectores de la economía como los de la energía y la minería porque, además, cree que ellos, junto con la agroindustria, van a generar los dólares que necesita para sostener la organización financiera que impuso en el país y pagar los intereses de la deuda que, de concretarse el acuerdo con el FMI, crecerá por lo menos en U$S 20 mil millones. Para este tipo de inversores propuso y consiguió que sea sancionada una ley como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, poniendo en desigualdad de competencia a las empresas locales, a quienes le prometieron una ley pymes que aún no fue al Congreso.

De hecho y a contramano de lo que pasa en el mundo, volvió a echar mano de la apertura indiscriminada de las importaciones reduciendo o eliminando aranceles con el argumento de que servirá para bajar los precios (esto nunca ocurrió en la economía argentina) sin tener en cuenta las consecuencias en el entramado productivo y social del país. La historia económica argentina tiene varios ejemplos al respecto sobre las consecuencias que estas decisiones provocan en los entramados productivos y social.

Un informe de Fundar, que difundió en sus redes Daniel Schteingart, Director de Planificación Productiva de la Fundación, pone en datos la importancia relativa de la industria en la economía argentina: con heterogeneidades hacia su interior de acuerdo con el sector al que se mide – por ejemplo si pertenece al sector agroindustrial o si solo son ensambladoras- representa el 19% del PBI, emplea a 2,6 millones de personas, explica el 54% de la investigación y desarrollo de la economía, da cuenta del 57% de las exportaciones, tiene un índice de productividad que es 63% mayor a la media y paga salarios 42% mayor a la media, la formalidad del empleo es de 10 puntos mayor a la media y sus efectos multiplicadores son mayores al resto de los sectores.

Además, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, destacó que el sector industrial aporta el 30% de la recaudación tributaria total y representa el 40% de la recaudación total del impuesto a las Ganancias. "Somos parte de la salida argentina. Veníamos con una macroeconomía totalmente desordenada, con un comercio arbitrario y deteriorado, con una inflación tremenda, falta de divisas para producir. La industria es parte de la solución y el mundo lo está viendo así. Nosotros esperamos que el año que viene tengamos mejores condiciones para reflotar todas las Pymes", dijo en el balance del año.

Un triste aniversario

Muchas veces se escuchan desde sectores de la sociedad vinculados con las finanzas pedidos para que se implementen materias de educación financiera en las escuelas porque los tiempos que vivimos así lo ameritan. También deberían incluirse materias vinculadas con la historia económica argentina para evitar que políticas que destruyeron el aparato productivo, con sus consecuencias sociales de pobreza y marginalidad, vuelvan a repetirse con un respaldo que asombra. Hay historias que conviene no olvidar.

El 4 de junio del 2025 se cumplirán 50 años del Rodrigazo, el que para muchos fue el momento de quiebre de la economía argentina a partir de un cambio radical en su estructura que se profundizó a partir del golpe de Estado de 1976 y se consolidó con la Ley de Entidades Financieras de Martinez de Hoz de 1977, una norma para "modelar el país por los próximos treinta años" como fue presentada, a partir de la cual las finanzas reemplazaron como ordenadores del sistema económico argentino al modelo de sustitución de importaciones que había generado la sociedad más igualitaria de América Latina, dando inicio a un proceso de deterioro de las condiciones de vida de la sociedad argentina que se mantiene hasta ahora.

Ese día de 1975, a la hora de la cena, el ministro de Economía Celestino Rodrigo, que había asumido el cargo 2 días antes, anunció una serie de medidas económicas que cambiaron para siempre a la economía argentina como una devaluación del "peso ley" del 61% en relación al dólar comercial y del 100% para el financiero; el desdoblamiento cambiario para el dólar turista que pasó a costar de 10 a 45 pesos, el aumento promedio de un 100% en todos los servicios públicos y transporte, el alza de hasta un 180% en los combustibles, del 75% en las tarifas eléctricas y una suba del 80 por ciento de los salarios.

Por entonces el país llevaba 11 años de crecimiento consecutivo (desde 1964), un desempleo del 2,3 %, una industria dinámica con sectores competitivos y la brecha entre los ingresos del 10 % más rico y el 10 % más pobre era de 12 veces (hoy es más del doble).El Rodrigazo lo convirtió en un proceso recesivo, de brutal reconversión en favor de los sectores financieros más concentrados, un endeudamiento sin precedentes y una etapa de megainflación que entre 1975 y 1991 fue todos los años de tres dígitos, acumulando en ese período el 8.438,7% según el INDEC. A partir de 1975 y hasta 2001 la economía argentina no creció y el sector industrial solo creció en promedio el 0,7 por ciento anual.