“La presión tributaria efectiva por tributos cobrados a nivel nacional llegó a representar el 24,5% del PIB estimado para 2020, ubicándose más de 1 punto porcentual del PIB por encima de la presión tributaria efectiva de 2019, y 1,3 puntos menor a la del año 2015, cuando llegó al récord de 25,8% del PIB”.
El párrafo pertenece a un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal acerca del cierre del ejercicio 2020, en base a datos oficiales. El informe señala al mismo tiempo que “en un año signado por la pandemia y una caída de la economía del orden del 11%, la recaudación cayó en términos reales un 7,5%”.
El Iaraf contrasta así cómo el fisco -a pesar de haber recurrido a una emisión que superó los 2 billones de pesos- cobró más impuestos a los actores económicos del país, castigados por la recesión y el aislamiento que impusieron las condiciones sanitarias.
El déficit fiscal del orden de los 7 puntos debería reducirse a 4,5% según el presupuesto 2021, gracias a la recuperación esperada de la economía (unos 5 puntos del PBI) y a la reducción del déficit fiscal por vía del ajuste a las jubilaciones y la eliminación del IFE y los ATP.
Pero la pandemia acecha con rebrotes y segundas olas. El compromiso explícito de Omar Perotti es preservar la actividad lo mejor que se pueda; en la teleconferencia con el presidente esa es la decisión inicial del arco político con responsabilidades ejecutivas. Pero el riesgo sanitario es también un temor fiscal.
Aún si la pandemia se controla y las vacunas prometidas llegan, no será fácil para Martín Guzmán cerrar un acuerdo con el FMI, que afloja las tensiones. En año electoral, Cristina ha impuesto una vez más el atraso en las tarifas de servicios públicos (incluyendo internet, telefonía y cable) mientras que por estas horas la Casa Rosada intenta reeditar -no sin dificultades- el acuerdo de precios máximos.
Desde el cierre de las exportaciones, el precio del maíz ha subido y amenaza con presionar el de las carnes al consumo interno, que por mucho que le pese al presidente son bastante más baratas que en Alemania. La intervención estatal vuelve a mostrar efectos contradictorios a los propósitos relatados.
El reciente bloqueo a las importaciones de bienes suntuarios es un nuevo síntoma de la falta de dólares en el país; la suba en el precio de la soja compensará tal vez la merma de rindes por la sequía, que es lo que hace encarecer al poroto en los mercados internacionales. El gobierno no quiere devaluar; sin acuerdo con el Fondo tendría que recurrir a más tasa de interés (recesión) y más emisión e inflación, lo que a su vez presiona a la devaluación.
El 14 de este mes el Indec revelaría un IPC cercano al 3,5%. Guzmán cree que los precios subirán 29 % este año; el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central pone la vara en 50 % y al dólar en más de $ 126 oficial a diciembre, 20% por encima de las estimaciones del ministro. Aunque -como dice Juan Carlos De Pablo- “precio es de lo que hay”, y en la Argentina el dólar oficial no existe y la brecha suele besar el 90%.