El Sector Público Nacional registró en febrero un déficit primario de $ 76.283,5 millones (fue 18.757 millones en igual mes de 2021). Dicho en criollo: al bolsillo de la Casa Rosada, que gastó en el segundo mes del año $ 922.314, le faltaron esos $ 76 mil millones. Si a esa cuenta se le suman los vencimientos de deuda, el rojo financiero también es descomunal.
El pago de intereses de la deuda pública, “neto de pagos intra-sector público” (toda una promesa de pagadiós a la caja de los jubilados, entre otras) fue de $ 60.615,3 millones en febrero, resultando en un déficit financiero de $ 136.898,8 millones, según comunicó el ministerio de Economía.
“Al primer bimestre del año se acumula un déficit primario de $ 92.982 millones y un déficit financiero de $ 287.563 millones”, aclaró la cartera a cargo de Martín Guzmán. Contabilizando sólo febrero, los recursos subieron 61,5% pero más crecieron los gastos , un 70% (despejando el gasto Covid para evitar “distorsión” estadística).
¿Por qué tales números negativos serían una buena noticia relativa para el país? Porque esta es una de las condiciones que supuestamente le permitirían al gobierno de Alberto Fernández encaminar las cuentas dentro del sendero fiscal acordado con el FMI, que prevé un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024.
Si las cuentas son correctas, se distiende -al menos en parte del frente financiero- el pronóstico de que “todo va a saltar en un mes”. Fue Horacio Vervitsky quien puso en boca del entorno de Critina Fernández semejante perspectiva. Claro que la sustentabilidad de la deuda no implica a la política, y el escenario interno del gobierno exhibe hoy con crudeza que el éxito del frente electoral no ha implicado un plan de gobierno consistente sino un modo de acceder al poder, con propósitos irreconciliables a los efectos del bienestar general.
Pero además porque la sustentabilidad de Alberto Fernández tiene muchos otros desafíos. Uno de ellos es emitir menos plata sin respaldo y lograr financiamiento en el mercado interno subiendo las tasas de interés, cosa que el Banco Central ya hizo en dos oportunidades. Las llevó desde el 38,0% n.a. (45,4% e.a.) hasta 42,5% n.a. (51,9% e.a). Aún son negativas respecto de la inflación (el FMI pide que sean positivas) pero impactan en el costo de la actividad y por tanto en su nivel y en los precios.
Salvador Di Stefano advirtió desde su cuenta de Twitter que a febrero el peso se devaluó el 20% y el déficit fiscal se duplicó, por lo que -medido en dólares- el rojo creció exponencialmente. ¿Alcanzará la suba de tasas para que el gobierno se financie en el mercado interno sin emitir más allá de la pauta acordada con el FMI? “La maquinita” no puede pasar del 1% del PIB este año.
El déficit -como la inflación- aún no contabiliza el “efecto Putin”. Sólo en subsidios a la energía se sumarían al rojo fiscal unos 4 mil millones de dólares, que impactan en las tarifas. Y es sobre ellas que se libra la guerra interna del Frente de Todos.
Por lo demás, si la inflación es funcional a la licuación de las deudas públicas, acelera la presión sobre la sustentabilidad social de la gestión presidencial. Matías Kulfas ha amenazado a los empresarios para retrotraer precios y la UIA dice que las listas que maneja el gobierno no son las de las fábricas. El hambre espera, y la mesa del diálogo que gestionaría Gustavo Béliz desde hace dos años, aún no está tendida.