El gobierno nacional avaló el aumento de las cuotas de la medicina prepaga

El gobierno nacional avaló el aumento del 40% que se produjo en las cuotas de la medicina prepaga al considerar que es consecuencia de la “inflación reprimida” por medidas de la anterior administración y que resulta un “acercamiento a un sinceramiento de valores”.

En las últimas horas, los clientes delas empresas de medicina prepaga recibieron comunicaciones institucionales que informaban sobre incrementos en las cuotas a partir de enero de hasta un 40%.

"Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores", expresan algunos de los comunicados.

"Queríamos que esto ocurra"

“Lo que hay no es otra cosa que un acercamiento a un sinceramiento de valores”, contestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado al respecto por la prensa acreditada en Casa Rosada.

Adorni indicó: “Entendemos que el sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica en virtud de esta discrecionalidad en los valores impuestas por el gobierno anterior”.

El portavoz afirmó que “el servicio estaba en una situación crítica y queríamos que esto ocurra” y remarcó que “está inmerso en uno de los grandes problemas de la economía argentina que era la inflación reprimida”.

Adorni no hizo referencia a la coincidencia del envío de las comunicaciones y los porcentajes de aumento, que dejan la sospecha de un acuerdo, que nada tiene que ver con la “libre competencia” que se pregona.

Cambios en la regulación

El DNU 70/2023 introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.

Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá "aumentar la competitividad del sistema".

La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de "revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones" y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.

También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.

Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.

El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.

Hasta ahora, los aumentos debían ser autorizados por el Estado en función de criterios de razonabilidad y de variaciones de la estructura de costos de la firma: para ello, desde la administración de Alberto Fernández, se utilizaba un Índice de Costos de Salud que era publicado mensualmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual sustituyó los aumentos discrecionales que autorizaba el Poder Ejecutivo en los gobiernos anteriores.

Como referencia, ese índice había dado un 6,26% en noviembre último (que se usará para los aumentos autorizados en enero), 11,51% en octubre, 10,98% en septiembre y 6,97% en agosto.

Además, el DNU elimina los topes de aumentos -equivalente al 90% de la variación mensual del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) - que regían desde 2022.

Estos topes regían para los trabajadores que tenían ingresos netos mensuales equivalentes a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad totalizan $ 936.000.

Por tanto, con el decreto, ya no habrá más segmentación de cuotas por ingresos dentro del universo de más de 6 millones de usuarios de la medicina prepaga.