La Empresa Provincial de la Energía a las puertas del infierno: ¿sirve el aumento del 25%?

"La inflación en estos dos años fue del 100% y las tarifas aumentaron entre un 6 y un 9%, no hay tarifa más cara que quedarse sin servicio eléctrico", dijo Juan José Aranguren días atrás, en excluyente referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), lo que incluye a capital federal y conurbano.

El cuestionado ex ministro de Energía de Macri logró que haya hoy más oferta de energía -17% no convencional- gracias a políticas de Estado como RenovAr, que el Frente de Todos continuó. Pero sobre todo porque aumentó relativamente las facturas de generación, que devolvieron de forma parcial y transitoria la sostenibilidad económica al sistema.

Sin embargo las distribuidoras, ese frente sensible donde “el pueblo” demanda y las empresas conectan, han demostrado que no hubo inversiones acordes. La ley de emergencia de 2019 limitó aumentos en el Amba (allí donde suele limitarse el gobierno nacional) y aumentó subsidios de un Estado nacional quebrado. Literalmente quebrado.

Dicho de otra manera, las usinas producen más, pero la EPE -así como Edenor o Edesur- pueden repartir menos porque no hicieron inversiones acordes al mantenimiento indispensable ni a la mayor producción y aumento de la demanda de energía eléctrica.

¿Sirve el aumento de tarifas del 25% que la EPE propone? Mauricio Caussi, presidente del directorio, aseguró que no se afectará ni el bolsillo de los usuarios ni la competitividad de las empresas. Entonces, ¿quién pagará la diferencia? Porque la inversión y el costo, gratis no son. Y a la empresa entrará menos plata en términos reales.

La cifra de actualización implica que se necesitarán más inversiones del Tesoro provincial; el aumento de la factura no alcanzará ni siquiera para compensar la inflación del 33 % que prevé Martín Guzmán para la macroeconomía argentina 2022. Una cifra que, por cierto, nadie cree.

El costo promedio de generación eléctrica en la Argentina, a noviembre de 2021, creció 58,7 % interanual. El último informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, revela que “el precio promedio que paga la demanda alcanzó a cubrir el 41,4% de los costos de generación en noviembre” (37% en los últimos 12 meses).

Acaso Caussi puede especular con que el precio de la energía mayorista se mantenga congelado, o se incremente por debajo de los salarios como prometió el presidente Alberto Fernández. Pero el presidente aún no ajusta las cuentas con el FMI, y los subsidios económicos son parte de las diferencias.

La promesa de la Casa Rosada supone que el Estado nacional aumentará subsidios energéticos, que según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública ya acumularon -a noviembre de 2021- $ 929 mil millones (el equivalente a 9.840 millones de dólares) con un aumento del 133% respecto a igual periodo de 2020.

El instituto Mosconi señala que Cammesa -la intermediaria estatal del mercado mayorista que le da la energía a las distribuidoras- recibió $ 604 mil millones y un aumento de 106%, ocupando el 65% de los fondos ejecutados.

Los cortes de energía eléctrica de enero en Santa Fe y Rosario mostraron que el sistema está al límite. La EPE es una empresa de gran valor técnico que esconde privilegios relativos, debilidades de organización endogámica y que no cubre a toda la provincia, aún cuando la pagan -por vía del Tesoro- todos los santafesinos.

De la misma manera que los santafesinos financian mayores subsidios para capital federal y gran Buenos Aires, por la distorsionada arquitectura institucional y cultura política del país.

El calor sacará de la zona de confort a los relatores del Estado Presente. Lo hará a las puertas de un infierno que, además, tiene como escenario un país sin moneda para cubrir sus déficit y que por añadidura está al borde del default externo.