"Los recursos provinciales se desplomaron en diciembre"

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, enfatizó el "desplome" de los ingresos provinciales comparados con el 27,9 por ciento de inflación que midió el Ipec en Santa Fe, informó que por cada 10 empleados estatales que había en 2019 ahora hay 11 lo que suma un factor de presión más a la masa salarial del Estado provincial y dijo que los salarios se aumentaran "en función de la evolución de los recursos" que tenga el Estado provincial: "No estamos diciendo que vamos a desconocer la realidad, sí que tenemos la voluntad de ir atendiéndola en función de las posibilidades, que tiene que ver con la evolución de los recursos y con las posibilidades de eficiencia que se vayan logrando", enfatizó.

"El mes de diciembre ha marcado claramente un desplome de los recursos en relación con la inflación. Una diferencia muy importante si tenemos en cuenta que la variación mensual con respecto a noviembre fue del 16% mientras que la inflación fue del 27,9%. Al mismo tiempo la evolución anual fue del 123% en términos nominales, con una inflación que ha cerrado arriba del 200%. Eso muestra claramente lo que ya veníamos anticipando respecto de la situación de la provincia, que no es una isla en el contexto de la realidad macroeconómica del país", dijo el titular de Economía de la provincia.

Olivera le agregó a esta situación, que hace más difícil el contexto en el que deberá moverse la economía provincial, "otros dos factores que empiezan a operar en toda su magnitud este año que es el impacto de medidas tributarias nacionales (como la eliminación de la Cuarta Categoría de Ganancias), que significan una merma en la coparticipación y que equivalen a una masa salarial mensual; como el anuncio del Gobierno Nacional de disminuir las transferencias no automáticas, de las que aún no se tiene un detalle sobre cuáles van a ser las afectadas, pero que también tiene un impacto potencial de una masa salarial mensual".

"Esta previsión de los recursos para el 2024 - siguió el ministro Olivares – tiene al mismo tiempo un correlato respecto de lo que sucedió en 2023 que ha sido un año que ha cerrado con déficit. Este es el punto de partida a partir del cual tenemos que, como venimos diciendo desde la transición, administrar los recursos día a día, donde cada compromiso que se tiene que abordar en tiempo y circunstancias concretas", enfatizó en una conferencia de prensa que hizo esta mañana en Casa de Gobierno.

Respecto al reclamo de los estatales de que se les pague el aumento correspondiente a la cláusula gatillo acordada en la discusión paritaria de 2023, Olivares explicó como "la evolución de la inflación superó todas las variables nominales presupuestarias del Estado, sobre todo en el tema de los recursos" y en el mismo sentido, puso como ejemplo que "el aumento del gasto salarial ha sido de un 155% en el año, lo que superó el incremento del salario individual del trabajador porque, además de los aumentos acordados en paritarias, hubo una mayor cantidad de empleados estatales. Por cada 10 personas que estaban trabajando en un ámbito a final del año 2019, se le añadió una persona más, es decir que pasan a cobrar 11".

"Esta situación -continuó- tenemos que articularla con los objetivos que el gobernador ha trazado claramente que son los de trabajar en la eficiencia, lo que significa producir más con los mismos recursos, como al mismo tiempo el compromiso de atender la actualización de los salarios en función de esas posibilidades, puntualmente, en función de la evolución de los recursos y al mismo tiempo de las eficiencias que se puedan ir logrando para que se puedan volcar sobre esa actualización", explicó Olivares al tiempo que enfatizó que esta política el gobierno no la implementará de manera unilateral sino "con diálogo" y sin desconocer el compromiso de actualización de los salarios, "viendo cómo articular la actualización de esos compromisos con las posibilidades que básicamente están asignadas por la evolución de los recursos".

Respecto a la aplicación de la cláusula gatillo en forma automática en febrero como piden los gremios, y como está acordado en la paritaria 2023, insistió con anteponer a ese reclamo "las circunstancias en las que estamos hoy", al tiempo que criticó a la gestión anterior porque, "este compromiso al que aluden (los gremios), fue asumido en el último tramo de una gestión que al momento de acordar esto ya sabía que no iba a ser su responsabilidad atenderlo y se conocían las probabilidades de cumplimiento de ello. Además, las partes que lo firmaron entendían los riesgos que estaban asumiendo al suscribirlo".

"También hay que sumarle que en noviembre y diciembre – continuó Olivares - hemos tenido las inflaciones récord en tres décadas, que han implicado una acumulación en dos meses de un 40%, lo que significaría que a partir de un determinado momento una organización como es el Estado, pero cualquier organización, tenga que pagar el equivalente a un aguinaldo por cada mes. Cualquiera entendería la complejidad que significa si una organización es expuesta a la necesidad de pagar a partir de un determinado momento un aguinaldo por cada mes".

Respecto de las revisiones de los pases a planta que está llevando adelante el Ejecutivo, Olivares informó que "ya han pasado a la órbita de la Comisión que por el decreto 38 del año 2023 aborda estas situaciones, unos 5.400 casos de pases a planta, más unos 2.400 casos de titularizaciones, solamente que corresponden a los últimos seis meses. A eso hay que añadirles los que se hicieron antes de los seis meses, por eso estamos hablando de que un incremento de aproximadamente 13.000 agentes. Y ya hay despacho por aproximadamente 400 casos con opinión favorable de esta Comisión, para que se proceda cada uno de los ministerios a regresar la norma en algunos casos de desvinculación, por entender que estaban en infracción en la regla del final de mandato, que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, como también hay que sumarle unos 1.500 contratos nuevos, que son objeto de análisis porque se han suscrito sobre el final de la gestión. Entre estos casos, no hay docentes ni personal de salud sino del sector administrativo".

También Olivares le respondió a los gremios, que afirman que el gobierno tiene la plata para hacer frente a estos compromisos: "Entiendo el lugar desde el que cada uno habla y es parte del deber que tienen de afirmar esto en el marco de un proceso de negociación" y respecto de la emisión de cuasimonedas por parte de algunas provincias dijo que, como se consideran prudentes "no tenemos soluciones facilistas. Somos una provincia seria, que entiende que no puede plantearse ante una situación difícil una salida que sea complicada en términos de responsabilidad. El presidente se ha pronunciado sobre esto en un sentido muy claro, cuando se emiten este tipo de instrumentos, lo que termina siendo es un ajuste concreto porque termina valiendo menos y por lo tanto al que se le entrega la cuasimoneda termina sufriendo las consecuencias de su depreciación. Por eso no creemos conveniente ingresar en ese tipo de análisis porque es una salida que a la larga puede llegar a tener consecuencias más graves".

Finalmente, ante una consulta, Olivares se refirió al Fondo Nacional de Incentivo Docente: "se trata de una transferencia nacional, la órbita de su definición es nacional, las provincias simplemente son receptoras, digamos, no automáticas, pero en un marco objetivo de distribución. Las transferencias hasta el 2023 se han realizado, las autoridades nacionales no han dado todavía una precisión sobre si este tipo de transferencias puede llegar a estar alcanzada con una disminución o algún tipo de readecuación, porque la definición hasta ahora es que las transferencias no automáticas pueden ser objeto de disminución, pero no es un tema en el cual la provincia pueda incidir más allá de formar parte del ámbito del Consejo Federal de Educación".