“El proyecto de ley del ‘Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia’ incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”. Así comienza un documento de la Unión Industrial Argentina sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, aprobado en la última sesión de Diputados.
La nota cuestiona que la iniciativa “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”. Miguel Acevedo, titular de la entidad, reconoció en las últimas horas un “desgaste” en la relación institucional con el gobierno de Alberto Fernández.
La central fabril cuestionó que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte.
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Expuso que “el sistema tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo. El proyecto en cuestión va en sentido contrario”. En materia de empleo, la entidad empresaria expuso que existe “una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015.
“Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, indispensables para recuperar el crecimiento. La tasa de inversión en relación con el PIB es una de las más bajas en términos históricos, con 13,2% en el período pre-pandemia, en el primer trimestre de 2020. Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro país (con una relación entre crédito y PIB de sólo el 9,7%) hace que mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de sus accionistas para invertir”.
Propuesta productiva
Tras señalar la necesidad de recrear confianza, el documento reclama “excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos; permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año”.
Además pide “incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)”.
Por último pide “incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales”.
“Argentina -advierte la UIA- está transitando esta pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación. Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía”.
“La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado”.