“Propuestas como la del incremento del impuesto a las Ganancias con un aumento de alícuota al 40% sin reducir ninguna otra de las tributaciones existentes, y vigentes, es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde las cadenas productivas de la República Argentina”.
El párrafo pertenece a un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de la República Argentina, que se suma así a las posiciones de la Asociación Empresaria Argentina, de la Unión Industrial y de CAME en contra de la iniciativa.
“Una y otra vez en forma recurrente las alarmas suenan en los sectores productivos del país, y es que no solo el contexto de pandemia, las caídas en las ventas, la línea de producción con protocolos, la menor dotación de personal, las restricciones a las importaciones, la falta de insumos productivos, la inflación, los controles de precios, el exceso de burocracia normativa sin sentido, la confiscatoria presión fiscal sobre los trabajadores, productores y empresas, afectan a cada eslabón y cada cadena productiva del país”.
Tenés que leerEl impacto fiscal de los cambios en ganancias alcanzaría los $ 47.569 millones durante 2021 El costo fiscal del beneficio para que no paguen ganancias 1,2 millón de asalariados y jubilados, fue calculado en $ 47.569 millones, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC). Eso sin contar nuevas exenciones que introdujo el Despacho de Comisiones de Diputados.
La iniciativa se trataría la semana que viene en el plenario del cuerpo. Pero aún no pasó por la comisión de Presupuesto el otro proyecto, que suspende la rebaja de la presión fiscal a empresas -concebida en el pacto fiscal de 2017- e incluso aumenta las alícuotas.
CRA recordó que según el FMI, Argentina posee la mayor carga tributaria de América Latina con el 58%, si se suman los tres estamentos del Estado: Nacional, Provincial y Municipal. Y reseñó que el Banco Mundial expresaba que la presión impositiva en la Argentina era la segunda a nivel global”.
Los ruralistas contabilizan “más de 169 tipos de tributaciones distintas y 35.000 normativas, sumado a que 14 impuestos se crearon o aumentaron en el último año”. Recuerdan además las “distorsiones desde impuestos en cascada como el de Ingresos Brutos” (los bancos también se pronunciaron en su contra en las últimas horas) pasando por superposiciones impositivas como la del impuesto al cheque (pagas un impuesto por pagar impuestos), hasta la falta de ajuste inflacionario en el impuesto a las Ganancias, y ahora con riesgo de sumar más presión fiscal, a una mochila a un bolsillo que ya no da más”.
La Asociación Empresaria Argentina, donde se reúnen los dueños de las principales empresas del país, remitieron cartas a todos los bloques en Diputados, advirtiendo que el proyecto oficialista de Ganancias sobre las empresas “implicará un desestímulo a la actividad y a la generación de empleo”.
Tenés que leerDiputados firmó el dictamen del proyecto que busca modificar GananciasEn línea con CRA, apuntaron que la Argentina “tiene una de las tasas de presión impositiva sobre el sector formal más altas del mundo". La iniciativa oficial eleva la alícuota del 25% al 35% para utilidades reinvertidas.
La UIA no se ha pronunciado formalmente pero dejó trascender su resistencia a la suba de impuestos sin una programación económica clara. Además la central fabril le dejó en claro al ministro de la Producción, Matías Kulfas, su desacuerdo con el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que exige a los empresarios abrir sus sistemas de costos y precios al control de la Secretaría de Comercio.
La Cámara Argentina de Comercio fue la primera en expresar su disconformidad, en una carta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Las pymes estamos sufriendo una presión tributaria consolidada (nación, provincias y municipios), que se torna asfixiante, además de padecer las consecuencias de la pandemia, lo que ha llevado al cierre de muchas de ellas, a pesar de los instrumentos de apoyo que generó el Gobierno y la moratoria que no permitió la inclusión de deudas de períodos donde muchas empresas no habían retomado la actividad”.
Sobre la iniciativa que establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función de las ganancias netas acumuladas, señalaron que “los montos propuestos son exiguos y muchas pymes pagarán la tasa más alta del impuesto. Como ejemplo, teniendo en cuenta que una empresa de comercio es pequeña cuando factura hasta $ 141.680.000, es dable calcular una ganancia neta del 3 % ($ 4.250.000), es decir que paga el 35 %”.
Mientras la suba de la presión sobre las empresas espera el lobby de las entidades, la rebaja de Ganancias al salario se trataría la próxima semana en la Cámara baja. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen de mayoría al proyecto que libera del gravamen a 1,2 millón de trabajadores y jubilados, según las cuentas oficiales.
También le dio dictamen al Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, destinado a trabajadores inscriptos en el monotributo. “Procura aliviar la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen simplificado”, consideró el banquero cooperativista Carlos Heller, titular de la comisión por el Frente de Todos.
“Se genera un puente entre el régimen simplificado y el régimen general, con la intención de resolver uno de los problemas más complejos que tiene este sistema, que es la diferencia en la carga tributaria entre ambos”, añadió. Entre otros alcances, el titular de Presupuesto recordó que el texto genera “beneficios fiscales por tres años para aquellos que se pasen voluntariamente al régimen general”.
En cuanto a los asalariados, la iniciativa eleva a $ 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Heller ratificó tres cambios al proyecto, para ampliar deducciones por gastos de guardería y por hijo discapacitado. Además se mantendrá la eximición hasta el 30 de septiembre de este año, sobre las guardias y horas extras al personal de salud afectado a operativos contra la pandemia.