¿Obras o jubilaciones..?, el dilema políticamente incorrecto

Córdoba hizo su reforma previsional desde 2007 y su superávit corriente se distingue. Para los “turistas” que visiten la provincia, las rutas en el distrito están muy por encima del estándar federal no nacional; Martín Llaryora acaba de hacerse cargo de la terminación de una obra inconclusa que inició Mauricio Macri y no concluyó Alberto Fernández: la autovía nacional RN19 entre San Francisco y la capital mediterránea.

A principios de los ‘90, con los pactos fiscales de Carlos Menem -con Domingo Cavallo como ministro- muchas provincias quebradas entregaron sus cajas al gobierno central, que se quedó con parte de la coparticipación nacional para financiar esos sistemas. Las que no transfirieron sus organismos previsionales -entre ellas Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- hicieron su aporte a cambio de una compensación “armónica” y efectiva del gobierno central.

La Casa Rosada está obligada por ley a hacer esos pagos; pero lo hacía mal y tarde en el gobierno de Unión por Todos. Y eso ya no sucede. “No hay plata”. Luis Caputo ha prometido regularizar de aquí en adelante esos pagos; pero la acumulación de deuda (sólo Santa Fe reclama $700 mil millones) ya es materia de presentaciones ante la Corte.

Obra pública paralizada

Por otra parte, Nación ha dejado de hacer obras públicas y procura delegarlas en las provincias. Los mandatarios subnacionales tienen el dilema: si no las hacen, sus carreras políticas se empantanan en la infraestructura que impide el desarrollo; si las encaran, deben endeudarse. Y para hacerlo tienen que exhibir superávit en sus cuentas.

Obra Pública y Jubilaciones son las cuentas más gravosas en todo tablero de administración pública. A nivel nacional, apenas se tapan algunos baches de rutas nacionales; Vialidad Nacional redujo 93,3% su inversión en la primera mitad del año según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y en ese período el gasto previsional cayó 23,5% a valores reales.

Economía les pide a las provincias que puedan hacerlo, que tomen deuda de organismos internacionales para financiar obras que el gobierno central ya no realizará. En la Región Centro, Guillermo Marcone -ex director de la DNV en Entre Ríos- había anunciado que el gobierno central terminaría la autovía 18 entre Paraná y Concordia (de costa a costa). Pero el hombre de Rogelio Frigerio fue desplazado del cargo.

Garantías sin avales

Caputo plantea que entregará a los gobernadores garantías, pero no “avales”, para que entren dólares al BCRA y se hagan obras, sin engrosar contablemente la deuda nacional (la contabilidad creativa impera).

"Existe la posibilidad de financiar a los Estados subnacionales sin la garantía soberana", aseguró Iván Szczech, el empresario entrerriano que preside la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, durante una reunión del Foro Empresario de la Región Centro en Santa Fe.

Habitualmente los créditos internacionales a provincias requieren garantías del Tesoro, pero según Szczech -en la medida que la macroeconomía se estabilice- las provincias podrían acceder a financiamientos del BID Invest o a créditos como el que el Banco Mundial le otorgó a la Municipalidad de Asunción -US$105 millones- para obras en su zona de costa.

El margen provincial para endeudarse

Aún si hay líneas de financiamiento disponibles para las provincias, son las cuentas en los estados subnacionales las que definen su capacidad para tomar el crédito. Y es allí donde los rojos previsionales juegan un rol central.

Según los cálculos del especialista cordobés Osvaldo Giordano -que lideró una reforma previsional en su provincia y tuvo un paso efímero en la Anses con Javier Miei- Entre Ríos tuvo un déficit en 2003 de 0,5% entre sus ingresos corrientes y sus gastos. Si hubiera transferido su caja -especuló- hoy estaría con un superávit del 14%

Córdoba, que ya hizo reformas jubilatorias en su territorio, pasaría de un superávit corriente del 17% de sus recursos a un 26% de ingresos disponibles para otros destinos.

Y la diferencia a favor en Santa Fe de sus ingresos corrientes respecto de sus gastos, le deja apenas 1% de disponibilidad para obras de infraestructura. Pero alcanzaría al 11% si el pago de sus jubilaciones estuviera a cargo de la Anses.

En Córdoba ya se debate si se está llegando al límite de sus posibilidades. Beltrán Corvalán, del tribunal de cuentas mediterráneo, viene denunciando que la administración Schiaretti-Llaryora, pasó de $840 mil millones en noviembre de 2023 a $1,93 billones en enero de 2024.

Pullaro ha ratificado que la administración de Santa Fe no puede reducirse sólo a pagar salarios y jubilaciones. El oficialismo está avanzando con una reforma previsional que no eliminará el déficit pero mejorará el margen de recursos corrientes.

La provincia exhibe uno de los más bajos niveles de deuda nacional; el gobernador suscribió con el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, un acuerdo por el cual la Agence Française de Développement (AFD) le otorga un crédito de hasta 65 millones de Euros sin necesidad de garantía nacional.

Pero además el santafesino tiene autorización por ley 14208 -para el acueducto biprovincial- para tomar el préstamo del Fondo Saudita para el Desarrollo por unos $40 mil millones. Y otra norma, la 14.214 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta US$300 millones para obras viales.

Más atrás están las posibilidades entrerrianas. Rogelio Frigerio también impulsa una reforma previsional, pero su legislatura puede ser un escollo que entre sus pares es menor. Y sus márgenes de endeudamiento también son menores, si no corrige su déficit corriente.