El gobierno busca eliminar la Ley de Abastecimiento y Góndolas: ¿qué significa para los consumidores?

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz. Durante esta reunión de presentación, el secretario anunció el compromiso del Gobierno de intentar derogar la Ley de Abastecimiento, una norma que permitió al Estado fijar precios máximos y sancionar a empresas por presuntas subidas injustificadas.

Fuentes gubernamentales indicaron que, aunque este encuentro marcó la oficialización de Lavigne en su cargo, los representantes de la principal central fabril del país se llevaron el compromiso de que el Gobierno podría dar de baja esta ley, junto con otras leyes coercitivas contra los empresarios.

Lavigne expresó sus intenciones de llevar a cabo una cirugía mayor en los controles de precios. Esta medida incluiría la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la eliminación de los fideicomisos en el trigo y el aceite.

La Ley de Abastecimiento (Ley N° 20.680), originaria de 1974, fue utilizada en el pasado por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, para atacar a la petrolera Shell. Entre 2006 y 2008, se iniciaron alrededor de 119 sumarios, de los cuales 83 resultaron en multas aplicadas por Moreno, todas apeladas en la Justicia ordinaria.

En octubre de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula una resolución de 2006 que se usó como base para acusar a la petrolera y a su expresidente, Juan José Aranguren, de atentar contra la ley de abastecimiento. Ni la petrolera ni su presidente fueron condenados, y las 83 causas penales y administrativas se cayeron.

Aunque en 2014 se actualizó la ley (Ley N° 26.991) eliminando algunas disposiciones controvertidas, se incorporó un régimen que otorga al Gobierno herramientas para intervenir en la economía y el comercio. El presidente Javier Milei destacó que en su gobierno la Secretaría de Comercio no adoptará conductas coercitivas sobre el mercado, una afirmación celebrada por Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

En otro frente, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, se reunió con los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Blanco Muiño descartó la intervención de la Secretaría de Comercio en la fijación de precios o controles sobre las empresas del sector. Sin embargo, se acordó que CAS y FASA elaborarán "voluntariamente" una lista de productos con "precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país".

Precios Justos y Ahora 12

El programa Precios Justos, lanzado en noviembre de 2022 por el exministro de Economía Sergio Massa, mantuvo artificialmente bajos los precios de hasta 30,000 productos hasta el balotaje que dio como vencedor a Milei. Desde entonces, empresas de consumo masivo han enviado listado con actualizaciones a los supermercados para recuperar parte del margen perdido en estos meses de subidas.

En las dos semanas posteriores a la segunda vuelta, los aumentos promedio fueron del 40%, pero recientemente se sumaron nuevas listas con incrementos de entre el 25% y el 100%, tras la devaluación del 54% del peso anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de reducir la brecha cambiaria.

Finalmente, se anunció que el programa Ahora 12, que ofrecía hasta 24 cuotas con tasas subsidiadas por el Gobierno, dejará de funcionar el próximo 31 de enero. Aunque los programas terminan y no se renuevan, se está estudiando una nueva política para favorecer el financiamiento.

Estas decisiones marcan un cambio significativo en la política comercial del país, dejando atrás leyes y programas de control de precios en busca de una mayor liberalización del mercado. El impacto de estas medidas en la economía y en el día a día de los consumidores será seguramente objeto de un intenso debate en los próximos días.