Una reforma que iguale las condiciones tributarias que contempla el Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el resto de las actividades económicas es el objetivo de una amplia reforma tributaria sobre la que está trabajando el gobierno nacional para enviar al Congreso el año que viene.
La iniciativa, según publicaron esta mañana medios porteños, tiene un objetivo repetido por la actual gestión nacional: simplificar el sistema impositivo que, entienden, perjudica el desarrollo de las actividades económicas porque son muchos, caros y engorrosos para quienes producen y comercian. La mira está puesta en aquellos que menos incidencia tienen en los ingresos tributarios.
La iniciativa fue anticipada a un grupo de diputados por parte del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, aunque sin dar más detalles. En el gobierno anticipan que el límite a cualquier baja de impuestos es el superávit fiscal y que se aplique en un contexto de crecimiento de la economía para que la recaudación por el crecimiento del nivel de actividad compense lo que se pierde por la reforma.
Hay que tener presente que ya el año próximo dejarán de ingresar al Tesoro nacional recursos por el 1% del PBI a partir de la eliminación del Impuesto PAIS, uno de pilares en los que se asentó la recaudación este año.
Dos de los impuestos sobre los que el gobierno ha puesto la mira, y así lo han manifestado tanto el presidente como el ministro de Economía, son las retenciones y el impuesto al cheque pero, una vez más, es muy difícil eliminarlos sin generar un sustituto porque impactarán en los ingresos y, como consecuencia, en el déficit cero que el gobierno sostiene con énfasis.
Varias reformas impositivas han sido difundidas en los últimos tiempos. Por ejemplo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicó un documento hace algunos meses con lineamientos que incluyen cinco puntos principales, en primer lugar la creación de un impuesto a las ganancias de administración nacional, con una alícuota suplementaria provincial; que haya dos impuestos al consumo general, uno de administración nacional (que seguiría siendo el IVA) y otro provincial (impuesto a las ventas finales, IVF); un impuesto a consumos específicos que sirva para unificar impuestos internos y combustibles, hoy divididos; un impuesto al patrimonio que tenga como característica que pueda tomar como pago a cuenta los impuestos provinciales a inmuebles y automotores y, finalmente "una limitación concreta y cumplible que garantice que las tasas municipales estén relacionadas con contraprestaciones específicas y no generales".
También las empresas que participaron del coloquio de IDEA sostuvieron la necesidad de avanzar hacia la eliminación de impuestos que consideran distorsivos como "derechos de exportación, los altos aranceles de importación, el impuesto a los créditos y débitos, el impuesto PAIS y el impuesto sobre los ingresos brutos", aunque este último es de jurisdicción provincial y en la mayoría de los casos son el principal ingreso propios de las jurisdicciones subnacionales.
La Fundación Mediterránea, por otro lado, sostuvo que en el caso de las retenciones sería necesario establecer una "reducción gradual de alícuotas para todos los productos, evitando distorsiones sectoriales", junto con una "compensación fiscal vía mayor recaudación en Ganancias y eliminación de la exención de inmuebles rurales en Bienes Personales", al tiempo que sostuvieron que se debería "evitar trato preferencial según tamaño de empresa o región, para mayor transparencia".