Nación dio de baja la licitación de la Hidrovía, tras la única oferta de la empresa denunciante

La licitación del dragado y balizamiento de la principal vía fluvial del país terminó con un resultado inesperado: solo una empresa presentó una oferta formal, y fue la que previamente había denunciado el proceso por presunto direccionamiento.

A las 12:59 de este miércoles venció el plazo para enviar las propuestas para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, desde Confluencia hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Minutos más tarde, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) publicó el Acta de Apertura de sobres, donde solo figuró la compañía belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), que paradójicamente había presentado una denuncia ante presuntas irregularidades en el proceso previo a la apertura de sobres.

El hecho de que solo haya un oferente genera incertidumbre en torno al futuro de la concesión, ya que se esperaba una competencia más amplia, dado el impacto que tiene esta infraestructura en el comercio exterior del país.

Por este motivo, horas después, el gobierno de Javier Milei anunció que dio de baja la licitación al advertir que hubo sectores que "hicieron lobby en favor de sus propios intereses" y que "le demandaron" al Poder Ejecutivo que "baje sus estándares del pliego".

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje emitido desde Casa Rosada, en el que además pidió a la Justicia que investigue a la firma por "presunta asociación ilícita en perjuicio de Estado nacional y productores argentinos".

"Llama la atención que la única que se presentó fue la empresa que impulsó acusaciones de direccionamiento. También llama poderosamente la atención que, pese a haber 11 empresas inscriptas y que varias tenían preparada la documentación, sólo se haya presentado una oferta", dijo Manuel Adorni.

Su importancia y la oferta inesperada

La Hidrovía Paraná-Paraguay es una ruta fluvial estratégica, utilizada para la exportación de cereales, soja, combustibles y otros productos clave de la economía nacional. Su extensión supera los 3.400 kilómetros y atraviesa siete provincias argentinas, siendo fundamental para la actividad agroindustrial y el comercio exterior.

Ante esa magnitud, el gobierno argentino lanzó una licitación internacional con un contrato a 30 años (extensible por igual período) que, según la estimación oficial, implica facturar hasta US$410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que utilicen la Vía Navegable Troncal.

La intención era atraer a empresas especializadas en dragado y balizamiento, con el objetivo de modernizar el corredor y mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, lo que se esperaba como un proceso abierto y con múltiples jugadores, terminó con una única oferta y en medio de denuncias cruzadas entre empresas y organismos de control.

Apenas unos días antes de la apertura de sobres, la empresa DEME había presentado una impugnación contra el pliego de bases y condiciones, argumentando que el diseño del mismo favorecía a Jan de Nul, la actual concesionaria.

La denuncia generó un intenso debate en el sector. Incluso, otras compañías interesadas en la concesión de la Hidrovía, como Rohde Nielsen y la china CCCC presentaron también planteos cuestionando la integridad de la compulsa.

Respuesta del Gobierno y un dictamen previo

El Gobierno, por su parte, defendió la transparencia del procedimiento y aseguró que todas las condiciones fueron establecidas de manera clara y equitativa. Desde la ANPYN, organismo a cargo del proceso, aseguraron que la licitación cumple con todos los criterios de transparencia y que no existen indicios de irregularidades.

"El pliego de condiciones fue adecuado, necesario y proporcional para garantizar la correcta administración de la Vía Navegable Troncal", explicaron fuentes oficiales, desestimando las acusaciones de DEME previas a la apertura de sobres.

Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el que advirtió sobre "serias y evidentes irregularidades" en el proceso.

Entre los aspectos cuestionados, la PIA resaltó la falta de estudios de impacto ambiental actualizados, deficiencias en los criterios de evaluación técnica de las propuestas e irregularidades en la conformación de la comisión evaluadora, que podría afectar la equidad del concurso.

En su informe, el organismo recomendó revisar los pliegos y garantizar mayor competitividad, advirtiendo que el actual diseño de la licitación podría generar consecuencias negativas para la administración futura de la hidrovía.

Pedidos de informe

En paralelo, los bloques de la UCR, Encuentro Federal (EF) y la Coalición Cívica (CC) en Diputados le reclamaron al Gobierno nacional explicaciones por las irregularidades en el pliego de bases y condiciones en la licitación de la Hidrovía.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot anunciaron que pedirían el emplazamiento de comisiones para tratar la semana próxima la situación, planteo que recibió la adhesión de la CC-ARI a través del diputado Maximiliano Ferraro, que días atrás había presentado una denuncia judicial.

La moción fue presentada por Massot, pero luego la retiró ante el compromiso de la presidenta de la Comisión de Transportes, Pamela Verasay, de convocar a una reunión informativa para la semana próxima. "Venimos con antecedentes plagados por la empresa concesionaria, por los funcionarios involucrados, la Procuración del Estado argentino, que sirve al Gobierno actual, les está defenestrando el pliego de bases y condiciones, y el Gobierno sigue sin hacer nada", indicó el diputado del bloque que preside Miguel Pichetto, al exponer en la sesión especial en la que se estaba tratando el proyecto de Ficha Limpia.

Asimismo, agregó: "Me parece muy importante que también recordemos que la misma empresa que tiene prorrogado los servicios ahora y que está presuntamente favorecida por este pliego, tiene como socio local a uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos, que ni más ni menos confesó que había pagado 600 millones de dólares para prorrogar el período de este servicio".

Por otro lado, el diputado criticó a la Justicia y denunció "anomalías" en su accionar. "Teléfono para el juez Enrique Lavié Pico, que hace algunas semanas tiró a un cajón un pedido de una empresa basado precisamente en que este pliego estaba direccionado", expresó.

Y agregó: "El mismo juez, para empezar a atar cabos, que durante años le dio la cautelar a las tabacaleras que no pagaron impuestos durante tantos años y que oh casualidad el gobierno de la Libertad Avanza, igual que ahora, apañó en esta misma casa. No mirando para el costado como es esta situación, sino levantando la manito para que el desfalco hacia el Estado siga su curso".

El pedido de Massot se suma a otras impugnaciones que hicieron empresas y distintos organismos vinculados al sector como la Cámara Naviera, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Exportadores, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y el Consejo Portuario Argentino.