La mitad de ingresos de empresas de electricidad y gas son por subsidios

“El 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios. El otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado. Esto implica que prácticamente la mitad de los ingresos de las empresas de electricidad, gas y agua provienen de los subsidios del Estado”.

Es el cálculo del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina. Para Idesa, “el tema de los subsidios económicos no se agota en su costo fiscal y en el impacto sobre los presupuestos familiares. También son muy importantes los malos incentivos que generan, promoviendo el derroche en el consumo y las ineficiencias y falta de inversión en las empresas que reciben los subsidios”.

El análisis surge en medio del proceso de audiencias públicas para incrementar tarifas, y de presiones cruzadas en la interna del gobierno nacional. Alberto Fernández ha advertido que desplazará al secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía, Federico Basualdo y al interventor del Enargas, Federico Bernal, si no implementan el proceso de incrementos que se dispongan.

Mientras los economistas aguardan el impacto de los incrementos de las facturas de servicios en los altos indicadores de inflación, Idesa advierte que el principal motor del fenómeno es el gasto público potenciado por subsidios sin financiamiento genuino.

“El problema más acuciante que tiene el gobierno es la inflación derivada de los excesos de emisión que genera el déficit fiscal. Si bien la Argentina sufre un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos de larga data, en la actualidad el factor más decisivo son los subsidios a los servicios públicos.

“Prueba de ello -explica- es que en el primer trimestre del 2022 subieron a razón del 180% interanual. Actualizar las tarifas es inexorable. A tal fin, de manera tardía y dubitativa, el gobierno convocó a audiencias públicas como paso previo a la actualización tarifaria”.

Si bien el resultado de las audiencias no es “vinculante”, es decir que “no obliga” al gobierno a ordenar los incrementos, existe por un lado el compromiso del gobierno ante el FMI por reducir el déficit fiscal a no más del 2,5% del PBI este año, y por el otro el incremento del costo internacional de la energía por efecto de la invasión rusa a Ucrania, que complica ese objetivo.

Es explícito que el cristinismo quiere contener las subas en su marco de referencia “ redistributiva”; el secretario de Energía y -en mayor medida- Basualdo y Bernal responden a la línea política de la vicepresidenta

“La muy alta tasa de inflación derivada de los excesos de emisión es la señal más contundente de que la política tarifaria que se vino aplicando en los últimos años es insostenible”.

El equivalente al 3,5% del PBI

“El Estado Nacional asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios a sectores económicos”, dice Idesa, incluyendo las cifras de transporte. Es un punto más del límite al déficit déficit comprometido ante el FMI, y el gobierno no tiene otra cuenta de magnitud tal en la que pueda “ajustar” el gasto, excepto en las erogaciones previsionales que ya ha ajustado.

“Cerca de la mitad” de los subsidios son para “combustibles, electricidad, gas y agua. Se trata de servicios donde el uso de fondos públicos sólo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables.

“En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiando el costo no tiene sentido”, señala el centro de estudios que lidera el economista Jorge Colina.

“Diferente es el caso del transporte público de pasajeros donde puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares. Pero en esta área solo se destina un 20% del total de los subsidios y arbitrariamente se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Cultura del derroche

“Los subsidios económicos no sólo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal. Además, generan enormes daños por los incentivos perversos que generan. Por un lado, exacerban el derroche en el consumo”, sostiene el informe de Idesa. “Por el otro -advierte- deterioran la calidad de la gestión de las empresas proveedoras de los servicios subsidiados. Cuando las empresas dejan de cobrar por sus servicios en función de sus costos y pasan a depender de los subsidios que reciben del Estado, los incentivos están más orientados a lidiar con la arbitrariedad del Estado que a satisfacer el bienestar de los consumidores”.