El Gobierno ya dio las primeras pistas de cómo serán los aumentos de las tarifas de gas y electricidad durante 2022 y 2023 según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que demandaba una reducción de los subsidios a la energía.
El Gobierno adelantó que los aumentos estarán por debajo de la evolución de los salarios, entre 22% y 45%. Y un 10% de los usuarios dejará de recibir subsidios
El Gobierno ya dio las primeras pistas de cómo serán los aumentos de las tarifas de gas y electricidad durante 2022 y 2023 según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que demandaba una reducción de los subsidios a la energía.
Según la información oficial, los aumentos de tarifas estarán por debajo del coeficiente de variación salarial —el índice que mide la evolución de los salarios registrados del sector público y privado—, pero al mismo tiempo un 10% de los usuarios que tienen ingresos más altos dejará de percibir subsidios.
La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, anticipó que en 2022 y 2023 habrá aumentos diferenciados, según tres categorías de usuarios:
a) Usuarios de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios).
b) Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. La evolución del índice de 2021 fue de 56,5%. Por lo tanto, el aumento rondaría el 22,6%.
c) El resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. En este caso, rondaría el 45,2%.
En tanto para los usuarios no residenciales, que incluye comercios e industrias, se dispuso el pago de la tarifa plena para los clientes industriales, denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son aquellos que demandan mayor potencia, y para el resto (pymes y comercios) se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b y c, si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, señaló la portavoz oficial.
Como a partir de marzo ya se comenzarán a aplicar incrementos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad para el AMBA. Estas subas estarán contempladas dentro de los aumentos autorizados, según explicaron fuentes oficiales.
Como a partir de marzo ya se comenzaron a aplicar incrementos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad para el AMBA. Estas subas estarán ya contempladas dentro de los aumentos autorizados, según explicaron fuentes oficiales
Con el aumento del 20% —autorizado luego de las audiencias públicas— para el año resta aproximadamente un 25% más de subas, que completaría el tope del 80% de la evolución de los salarios durante el año pasado. Para el sector más vulnerable, en tanto, ya no habría nuevo aumento (el tope del 40% del CVS es similar al aumento aumento ya otorgado).
Estos nuevos aumentos podrían comenzar a aplicarse durante abril o mayo de este año, ya que el Gobierno convocó a las audiencias públicas correspondientes para abril.
Sin embargo, aun quedan varias dudas. Los tres niveles de segmentación aun no fueron definidos. Se hará “según los parámetros que determine el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de su competencia”, indicó Cerruti.
Tanto los aumentos como la segmentación de tarifas generaron una fuerte interna en el Gobierno entre Martín Guzmán y un grupo de funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
A principios de febrero, trascendió un proyecto impulsado por ambos funcionarios con un esquema que contemplaba una quita de subsidios a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, lo que equivale a un 10% del total. La mayoría —más de tres cuartos— se encontraban en la ciudad de Buenos Aires en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito. La segmentación en el Gran Buenos Aires, en tanto, abarcaba 67.800 usuarios en la zona denominada “el bajo” en los partidos de Vicente López y San Isidro y otros 48.000 usuarios de 466 countries y barrios cerrados.
Sin embargo, desde el ministerio de Economía aseguraron que se trataba solo de una propuesta y que también se estaba avanzando con otras opciones, como tomar los ingresos de los usuarios como parámetro.
El impacto de la quita de subsidios
Según un informe de la consultora Equilibra, eliminar totalmente los subsidios al suministro eléctrico implicaría incrementar los ingresos por tarifas en 300%; multiplicar en promedio el valor de las tarifas por cuatro.
En el caso del gas, en tanto, actualmente el Gobierno cubre a través de subsidios un 70,9% del precio del gas (uno de los componentes del precio final de la factura junto a los servicios de transporte y distribución). Los usuarios pagan el 29,1% restante. Según un informe de la Secretaría de Energía presentado en la última audiencia, quitar ese subsidio implicaría subas de entre 92% y 94% en las facturas durante los meses más cálidos y de hasta 130% en los meses más fríos.
Aumentos por encima de lo anunciado
A finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez había anticipado que durante 2022 las tarifas de gas y electricidad subirían entre 17% y 20%. Los nuevos anuncios pusieron un nuevo tope: la evolución de los salarios. El Gobierno se inspiró en la Ley 27.443, que fue aprobada por el Congreso en 2018, durante la gestión anterior, pero que finalmente fue vetada por Mauricio Macri. Esa ley limitaba los aumentos de las tarifas de los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua a la variación de los salarios, de acuerdo al coeficiente de variación salarial (CVS).