Tras los recientes anuncios que diera a conocer Sergio Massa, imponiendo el pago de sumas fijas a trabajadores en relación de dependencia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recordó en un comunicado que "el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance".
La entidad que preside el chaqueño Alfredo González sostuvo que "cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".
La medida anunciada por Massa y detallada por su par de Trabajo, Kelly Olmos, consiste abonar a trabajadores que perciben no más de $400 mil netos al mes, dos sumas fijas -no remunerativas- de $30 mil cada una, "que deben ser abonados con los salarios devengados de los meses de agosto y septiembre. Es decir que van a ser abonados durante los meses de septiembre y octubre".
Para Came, "en particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida".
Si bien el gobierno aclaró que en el caso de las microempresas el costo será absorbido 100% por el Estado a través de las cargas patronales, y en el caso de las pequeñas empresas será absorbido hasta un 50% también a través de las cargas patronales, Olmos señaló que el pago será financiado por las empresas privadas de allí en adelante.
"En el caso de medianas y grandes empresas, es decir a partir aproximadamente de los 100 o 110 trabajadores en adelante, depende el sector, deberá ser absorbido por la parte empleadora", dijo la ministra.
Came replicó que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".
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