Jueves 9.12.2021
/Última actualización 23:18
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se reunió esta tarde con los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace de campo y les presentó el Plan GanAr 2022-2023, en el que se marcan los lineamientos de la política ganadera para el mediano y largo plazo, entre ellos cómo será el esquema exportador del año próximo. Participaron gobernadores y funcionarios provinciales.
En ese sentido, en 2022 se mantendrán las restricciones para exportar los 7 cortes parrilleros, como asado, tapa de asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga y/o cuadrada. Domínguez también anticipó un acuerdo con los frigoríficos exportadores para destinar una oferta adicional de carne, en el presente mes, de 20 mil toneladas, a precios accesibles que serán fijados en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior. En resumen, siguen la trabas pero con un nivel diferente de flexibilidad.
“La decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena” (Domínguez)
Por otro lado, se anunció la apertura total para las vacas categorías D, E y F con destino a mercados emergentes, y seguirá el cumplimiento de todos los compromisos internacionales: Cuotas Hilton, Cuota 481, Israel, Estados Unidos, Chile y Colombia.
“La decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena”, afirmó el ministro durante la reunión que se desarrolló en la sede del Ministerio, donde hubo coincidencias con las entidades en que hay carne para abastecer el marcado interno, con un consumo de 50 kilos por habitante por año, y hacer frente a la demanda externa.
El plan oficial contempla el impulso del aumento del peso de faena y al porcentaje de destete, con créditos a tasas subsidiadas destinados a productores. También se estimulará la inversión en genética y sanidad animal, y se creará con rango institucional de un Consejo Consultivo, cuyo objetivo será realizar el seguimiento de las medidas tomadas y posibles readecuaciones futuras.
El Consejo estará integrado por el Consejo Federal Agropecuario, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, las Cámaras que representan a la Industria y a los trabajadores, la Cámara Argentina de Feedlot, la Mesa de las Carnes, el IPCVA, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores; la Asociación de Productores Exportadores de la Argentina (APEA), y las Universidades de Veterinaria y Agronomía de todo el país.
Participaron del encuentro el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; su par de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; y por Coninagro, Elbio Laucirica. Domínguez, en tanto, estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que participó en forma remota. También estuvieron la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el ministro bonaerense de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la titular de la cartera pampeana de Producción, Fernanda González.
La intervención del mercado de la carne vacuna comenzó a mediados de mayo cuando el Gobierno nacional cerró por completo las exportaciones por el plazo de un mes, con la finalidad de poner un freno a la escalada del precio del producto, que venía en constante ascenso desde mediados de 2020 y, también, por supuestas irregularidades en las operaciones de comercio exterior.
Tal iniciativa tuvo el rechazo unánime de la cadena cárnica en particular y de la agroindustria en general. De hecho, las entidades de la Mesa de Enlace, que hasta hace unos meses no era tenida en cuenta como interlocutor válido del sector en este tema, por lo que estuvo fuera de las negociaciones por largo tiempo, llevaron a cabo un cese de comercialización por dos semanas, cuestión que no logró doblegar la voluntad del Gobierno.
Ya en junio, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y por ese entonces el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, anunciaron un nuevo esquema de exportaciones, que establecía reducir los envíos al exterior en un 50% respecto a lo embarcado por cada empresa en 2020 y prohibir los despachos de 7 cortes parrilleros/populares, entre ellos el asado, mientras que las cuotas, como la Hilton o la 481 quedaron indemnes de las restricciones. Tiempo después vendría la creación de una cuota para carne kosher con destino a Israel y de un cupo de 140.000 vacas categorías D y E hasta fin de año con destino a China, esto último ya con Domínguez como titular de la cartera agropecuaria.
El impacto fue inmediato y notorio. Según un informe de la consultora AZ Group, en los primeros 10 meses del año las exportaciones de carne vacuna cayeron 8% respecto al mismo período de 2020 hasta las 677.017 toneladas, mientras que podrían cerrar el año con una merma superior al 12%, concluyendo en 810.000 toneladas, lo que significaría resignar 100.000 toneladas en comparación al año anterior y, por lo menos, 190.000 toneladas respecto a las primeras estimaciones por parte del sector, cuando se entusiasmaba con exportar por encima del millón de toneladas.
Si bien se sabía de antemano que la voluntad de la Mesa de Enlace era la apertura total de la exportación, todavía es demasiado pronto para saber si se tomarán medidas de protesta ante la medida anunciada por Domínguez
En el plano local, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) informó que en los primeros 10 meses del año la faena de animales cayó 7,5%, mientras que la producción de carne retrocedió 6,2%. Por el lado de los precios, cuyo control era el objetivo de la medida, acumuló una baja del 3% entre julio y octubre, que fue borrada de plano con la suba de noviembre de la hacienda de consumo, que culminó en aumentos estimados del producto en góndola entre el 15% y el 20%.
Más allá de estas cifras, en el sector entienden que esta iniciativa oficial lo único que produjo, además de pérdidas para el grueso de la cadena, fue no poder aprovechar las oportunidades que el mercado internacional ofreció y que seguirán apareciendo de la mano de una demanda global sostenida. De hecho, el director de la consultora Conocimiento Ganadero, Fernando Canosa, realizó un informe donde pone de manifiesto que, de no mediar restricciones a las exportaciones ni intervenciones en la actividad, se podría casi duplicar en el mediano plazo la producción de carne hasta las 5 millones de toneladas, llevar a dos millones los embarques y obtener USD 6.000 millones.
Si bien se sabía de antemano que la voluntad de la Mesa de Enlace era la apertura total de la exportación, todavía es demasiado pronto para saber si se tomarán medidas de protesta ante la medida anunciada por Domínguez. Pero lo que sí se sabe es la postura que algunas representaciones provinciales están tomando rechazando de plano cualquier intervención y pidiendo la liberación absoluta del comercio exterior.
Es así que las entidades de la Mesa de Enlace de Córdoba señalaron en un comunicado que “desde la producción leemos con preocupación los lineamientos que, sin consulta previa, se pretenden establecer para un supuesto plan ganadero. Sin embargo, todo plan ganadero necesita que las ventas externas estén abiertas y sin cuotas de ningún tipo. Asimismo, no será posible alcanzar mayor producción de carne cuando se limita la demanda cerrando o cuotificando las exportaciones”.
Los titulares de la Mesa de Enlace provincial entienden que los argumentos del Gobierno para cuidar la mesa de los argentinos “son insostenibles”, al asegurar que la exportación no es la responsable de la suba de precios al consumidor, sino que eso es producto “del desmanejo económico y la inflación” de la cual el Poder Ejecutivo es responsable, es especial, de la erosión de los ingresos de la población, destacó el escrito.
“Hay que dejar de hablar con eufemismos como ‘administrar la demanda’. En vez, el gobierno tendría que empezar a ocuparse de controlar la inflación, sin buscar chivos expiatorios. Por eso, reclamamos desarmar todas estas intervenciones nocivas que ocasionan importantes daños a la producción y a los consumidores. Solo así defenderemos la mesa de los argentinos, el trabajo digno y la producción”, agregó la dirigencia.