De la redacción de El Litoral
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Ieral. Fundación Mediterránea
Desde 2006, el trigo cuenta con una doble intervención pública -léase del gobierno nacional- en su mercado: derechos de exportación (más conocidos como retenciones) y volúmenes de exportación regulados a partir de un esquema de cupos y permisos de exportación no automáticos.
“El esquema determina una fuerte transferencia de recursos desde los productores del cereal hacia otros actores de la economía, que incluyen al Estado, los exportadores de trigo, la industria molinera, la industria de productos derivados de la harina y los consumidores internos de productos finales elaborados a base a trigo”, señala un informe elaborado por Juan Manuel Garzón y Francisco Bullano.
Los especialistas del Ieral/Fundación Mediterránea repasan en un documento, basado en precios observados (FOB, FAS), precios estimados (FAS Teórico), operaciones de compra-venta de trigo declaradas en Minagri y volúmenes efectivamente exportados (Senasa/Wits), que los productores de trigo del país han transferido fondos por un total de U$S 9.148 millones desde que esas regulaciones entraron en vigencia y hasta 2014.
No es difícil repasar los argumentos del gobierno nacional para justificar las regulaciones al mercado: favorecer la mesa de los argentinos. Sin embargo, el pan en la Argentina -de molde o en bollos (panaderías industriales) es más caro que en México, Colombia, Brasil y Chile, cuatro países de la región que son importadores netos de trigo.
En esos países de la región, el precio por kilo se encuentra en un promedio de U$S 2,9 para el pan de molde y de U$S 4,2 para los bollos de pan. En el caso de Argentina, las primeras marcas de estos productos valen U$S 7,8 y U$S 10,2 respectivamente, mientras que las segundas marcas U$S 6,1 y U$S 7,0 respectivamente.
Estos números sugieren que un consumidor local está pagando por un producto a base trigo hasta más del doble que un consumidor de algún otro de los países de la región.