El Litoral | economia@ellitoral.com
Lo aseguró Roberto Cardarelli, ante dirigentes de la CGT, quienes también enfatizaron sobre la pérdida de puestos de trabajo.
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El líder de la misión del FMI para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, consideró “demasiado temprano” para sentarse a renegociar el préstamo stand-by para el país, previsto en tres años hasta mediados de 2021.
Cardarelli se pronunció así luego de reunirse con la plana mayor de la CGT en la sede de la Uocra, en el marco de su desembarco en Buenos Aires para realizar la cuarta revisión trimestral del crédito que el FMI otorgó a la Argentina el año pasado.
“Lo peor ha pasado. El crecimiento debería mejorar y la inflación debería bajar en los próximos meses”, sostuvo el representante del FMI en declaraciones a la prensa luego de la reunión con los sindicalistas.
Consultado sobre cuándo cree que la economía argentina podría comenzar a retomar la senda del crecimiento, Cardarelli respondió: “El segundo trimestre, puede ser que el primero también. No fue tan malo como se podía esperar”, insistió.
Con respecto al encuentro con los popes de la CGT, el economista italiano señaló: “Todo bien, una reunión muy útil, como lo fue la otra vez. Hablamos de los problemas de la economía, de la inflación, del crecimiento y del trabajo”.
A la reunión en el local del gremio de los albañiles, que conduce Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, asistieron los dirigentes sindicales Andrés Rodríguez (Upcn), Enrique Salinas (UOM), Mario Caligari (UTA), Omar Maturano (La Fraternidad), Julio Piumato (Uejn) y Rodolfo Daer (Alimentación). Por el lado del FMI, asistieron Cardarelli y Trevor Alleyne.
Desde el sector gremial se indicó que sus representantes insistieron en transmitir al Fondo su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y por la caída del sector industrial que sigue sin repuntar, mientras que se quejaron de que no funcionó el decreto presidencial que obligaba a comunicar las cesantías en el Ministerio de Producción y Trabajo con diez días hábiles de anticipación.
También se mencionó la “preocupación” ante “la campaña de temor económico lanzada frente al proceso electoral a partir del concepto de que ‘si no gana el actual gobierno, el país se enfrentará al abismo económico’”. Además, los representantes de la central obrera enfatizaron que “esa metodología es extorsiva y tiende a condicionar la voluntad soberana del electorado”.
Mercado emergente
Morgan Stanley informó que la Argentina ingresará con una participación del 0,26% al índice emergente MSCI. Estableció que son ocho las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, ADRs, las que forman parte del índice y que comenzarán a cotizar a partir del 29 de mayo: Globant, YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Telecom Argentina, Pampa Energía, TGS y BBVA Banco Francés.
Si bien la confirmación del ingreso de las acciones argentinas al índice emergente fue considerado una buena noticia entre los operadores bursátiles también destacaron la escasa participación que se le otorgó a la Argentina. “Todos los cambios se implementarán a partir del cierre del 28 de mayo de 2019”, indicó Morgan Stanley.
Quieren reactivar la construcción
El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de incentivos fiscales para reactivar la industria de la construcción, facilitar el acceso a la vivienda y bajar los costos para los tomadores de créditos hipotecarios.
Las medidas fueron anunciadas en conferencia de prensa por el secretario de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, Mariano Mayer, el subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Mariscal y el secretario de Vivienda, Iván Kerr.
Las medidas que crean un estímulo fiscal por 24 meses están destinadas a impulsar la industria de la construcción e incluyen cambios en los impuestos a Ganancias, IVA, y a los Créditos y Débitos bancarios.
Mayer estimó que el proyecto “tendrá una buena aceptación en el Congreso, porque son medidas que está pidiendo el sector privado, como ha pasado con otras leyes y pueden convertirse en políticas de Estado”.
Mariscal estimó un costo fiscal para las medidas de 500 millones de pesos, aunque señaló que “el efecto multiplicador que tendrán puede llegar a neutralizar ese costo”.