Los abogados Daniel Cuenca y Jorge Ilharrescondo, representantes de ex directivos de Vicentin en la causa penal que investiga las eventuales responsabilidades en el default de la empresa, presentaron un planteo de recusación ante el juez rosarino Nicolás Foppiani.
“Porta un prejuicio sobre el objeto de la litis y sobre el accionar de nuestros Asistidos”, señalan los letrados en su escrito, conductas que “se han visto reflejadas en las distintas resoluciones que Usted ha venido emitiendo personalmente”.
Los letrados representan a Máximo Javier Padoan, Alberto Macua, Roberto Gazze, Daniel Buyatti y Omar Scarel, en el marco de los legajos caratulado: "Representantes de Vicentin s/estafa y acumulados", de trámite por ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos, dependiente del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe
“Nadie pone en discusión la hombría de bien de VS; sin embargo, entendemos que a la fecha mantiene un ánimo negativo para con nuestros asistidos, que desde la íntima convicción lo inclina a rechazar cualquier postulación de relevancia que se le haga y que venga promovida por esta parte”, alegan.
En junio de 2022 Foppiani rechazó un pedido de prisión de los fiscales sobre Omar Scarell, por entonces presidente de Vincentin, por la supuesta desobediencia de una cautelar en el expediente penal, al hacer una oferta de venta de activos en el marco del expediente comercial y civil del concurso
“Sin bien en dicha ocasión Usted rechazó la prisión preventiva (en extremo improcedente, incluso teniendo en cuenta el monto de la pena del delito de desobediencia), admitió igualmente la imputación (manifiestamente atípica) y fijó un incremento de caución por US$ 500.000.- respecto de la ya existente (de US$ 10.000.000), sin exponer motivo alguno en relación a la determinación de las causas de fijación de tamaño monto”, le recuerdan los abogados al juez.
Le recuerdan los abogados al magistrado que sus clientes ni la defensa han expuesto en la causa, en la que “hasta ahora sólo ha hablado -y mucho- el fiscal y los querellantes. Desde esta óptica, VS no sabe cuál es la versión de los hechos de nuestros pupilos y por sus dichos parece que ni siquiera se ha puesto a pensar que en el mundo de los negocios el elemento alea o el riesgo negocial siempre están presentes”, en clara referencia a las variables macroeconómicas nacionales.
Además le cuestionan haber admitido como querellantes particulares a accionistas de la empresa en junio de este año, basado en información de oficio que el magistrado se procuró “como si fuera un sujeto procesal más”. Señalan que ello supone “un rol de inrtervención activa impropio del cargo que reviste”, lo que “fulmina la sanidad del fallo por verificarse en el caso una violación del debido proceso”.
Los abogados -en su presentación- presentaron actas y videos de audiencias como pruebas del supuesto de imparcialidad del juez, al tiempo que hicieron reserva del caso federal y de un eventual planteo de inconstitucionalidad.
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