Sigue la “novela” de la agroexportadora Vicentin. Ayer, la firma Gagliardo Agrícola Ganadera, del grupo RJG, presentó el primer pedido de quiebra contra el gigante agroindustrial, que a inicios de diciembre ingresó en una crisis financiera que la llevó a suspender todos sus pagos.
Según publicaron medios rosarinos, el pedido de quiebra de Gagliardo se presentó en los Tribunales de esa ciudad poco antes de las 13, y cayó en el juzgado Civil y Comercial de Nominación 14, a cargo de Marcelo Quaglia.
Según conocedores del caso, era esperable una noticia de esta naturaleza, una vez que se levantara la feria judicial, cosa que ocurrió esta semana.
El pedido de Gagliardo podría abrir la tranquera para que otros acreedores de Vicentin, cuyo pasivo total se calcula en u$ s 1300 millones, inicien acciones similares.
De prosperar este recurso, podría naufragar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que el grupo intenta alcanzar.
Según había informado este diario, hasta ahora una decena de empresas recurrió a medidas cautelares en la Justicia santafesina para intentar cobrar sus acreencias por lo que se esperaba que comenzaran a sucederse solicitudes de embargo sobre activos del grupo.
En tanto, voceros de la empresa aseguraron que hasta la media tarde de ayer no habían sido notificados formalmente de la demanda.
Por eso, se remitieron al comunicado emitido este miércoles, en el que Vicentin fijó su posición. En él, afirmó que sus esfuerzos están dedicados a sostener las fuentes de trabajo, rehabilitar su actividad productiva, restablecer su operatoria comercial con sus productores y reestructurar su pasivo financiero.
“La propuesta realizada a los acreedores cosechó un gran número de adhesiones”, aseguró. Y agregó que se ya se estaban instrumentando los acuerdos individuales.
No obstante, relativizó la situación al sostener que “las medidas cautelares interpuestas por unos pocos acreedores comerciales y la inactividad durante la feria judicial, han imposibilitado la puesta en marcha de las plantas, pese a que había interesados de primera línea en fasones que lo hubiesen permitido”.
En los últimos días se supo que Vicentin inició conversaciones con el Banco Nación para estructurar “una propuesta aceptable”, tanto para la entidad del Estado Nacional como para todos lo bancos oficiales.
Es de público conocimiento que el Nación es el principal acreedor del grupo, por un crédito de $ 18.000 millones, cuestionado por la actual conducción de la entidad.
El holding además insiste en que avanzará en negociaciones con bancos privados e internacionales, “a los que se les presentará una propuesta que permita también alcanzar un pronto acuerdo con los acreedores”.
“Vicentin no claudicará en su objetivo de alcanzar la concreción del plan de acción que fuera comunicado a los productores hace 10 días”, concluyó el comunicado, que además subrayó sus intenciones de evitar el concurso preventivo.
El 24 de enero, Vicentin presentó formalmente una propuesta a los acreedores, la cual no fue bien recibida por varios de los proveedores que litigan el pago de la deuda. Así, muchos productores, acopiadores, corredores y otros proveedores de Vicentin anticiparon que rechazarían ese plan de pago.
Otros, agotadas instancias de arbitraje y del fuero comercial, evaluarían avanzar, directamente, en la Justicia penal.
Actualmente, las plantas de la empresa están paralizadas, tanto en el norte como en el Gran Rosario. Los complejos industriales, cuya operación debía reanudarse el lunes pasado, continuarán suspendidos un mes para “ganar tiempo”, según informó la empresa a sus empleados.
Vicentin había llegado a un acuerdo para reactivar sus plantas tras un acuerdo a fason para Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge y Dreyfus. Pero, todavía, no se implementó. Algunos de ellos -junto a la china Cofco- son mencionados como interesados en quedarse, total o parcialmente, con Vicentin. Pero el grupo también manifestó su intención de no desprenderse de activos.