Más presión fiscal al campo con menos coparticipación

La estabilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner acusa recibo de su inconsistencia arquitectónica o ideológica en el plano político interno. Pero en cambio reluce su consistencia fiscal y territorial: el Estado en todos sus niveles incrementó a 64,9% su “porción” en la renta agrícola, pero además el 68,8% de esa tajada son impuestos nacionales que no se coparticipan.

Acaso el tractorazo en Córdoba sea una expresión aislada del malestar del único sector productivo que sigue aportando dólares netos, en un país que tiene más de 250 mil millones de esa moneda bajo el colchón, por desconfianza a sus gobernantes e instituciones. La voracidad fiscal, y la concentración del gasto en el conurbano kirchnerista está en el centro de la escena, sin que el indeterminado peronismo federal termine de hacerse cargo del problema.

El índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) reveló en su medición de este mes, que la participación de los impuestos sobre la renta agrícola es del 64,9% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

“Es decir, que de cada $ 100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $ 64,90 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 64,9%, la participación del Estado en soja es del 69,9%, maíz 56,1%, trigo 58,5% y girasol 56,2%”.

El gobierno acaba de subir la presión fiscal sobre exportaciones de aceite o harina de soja. Los chinos -a igualdad de precios- podrían presionar por incrementar compras de granos para procesarlos en sus plantas, lo que supone primarizar las exportaciones del país a consecuencia de la medida del cristinista Roberto Feletti.

El secretario de Comercio Interior marcha a contramano de sus propósitos. Los molineros argentinos rechazan que la mayor recaudación de retenciones subsidie al trigo; esa experiencia produce efectos “nefastos”.

La industria molinera pidió subvencionar a sectores sociales vulnerables, mientras la UIA propuso quitar el Iva a consumos sociales de productos de primera necesidad. Pero la tarjeta Alimentar que concibió el ex ministro Daniel Arroyo fue alterada para volver a repartir plata a bolsillo con intermediación de aparatos políticos. Y de preferencia en el conurbano bonaerense, en la tercera sección electoral, donde el kirchnerismo se atrinchera mientras amenaza a la Casa Rosada.

La administración de Axel Kicillof se lleva la mejor parte de la discrecionalidad presidencial: en febrero del año pasado recibió una porción del 31,5%, y en el segundo mes de este año la participación relativa de la provincia de Buenos Aires alcanzó el 35,4% del reparto discrecional de fondos por parte del gobierno central.

Mientras el gobierno entretiene a los gobernadores con un edificio a refaccionar en Rosario y burocracia para el Consejo Federal de Hidrovía, el embajador kirchnerista en China, Sabino Vaca Narvaja hace lobby para su admirada China (¿comunista?) para que el negocio del dragado de la vía navegable troncal se defina en el marco estratégico del Instituto Patria.

La Casa Rosada ordenó revisar la licitación corta de la concesión para ese dragado, aunque dejó en pie el proceso de adjudicación del balizamiento a favor de Emepa, de Gabriel Romero, acusado de pagar coimas al gobierno de Cristina poco antes de que en su última presidencia le extendiera un contrato por decreto.

El Instituto Patria acecha sobre esa recaudación que también se solventa con el esfuerzo de productores agrícolas, mientras el peronismo bonaerense fija sus prioridades de obras de canalización sobre el río de la Plata, con beneficios potenciales a favor de empresas bonaerenses y a costa del aporte federal.

Por provincias

“En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”.

En todos los niveles

“El 64,9% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,8% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Este es el mayor nivel desde junio de 2019”.