El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Roberto Sukerman, aseguró que no tienen aún mucha información sobre el tema y por eso irán a reunirse con el Juez. Alberto Macua, vicepresidente de la firma Vicentin afirmó que ningún trabajador perdió su empleo ni lo perderá.
Tenés que leerImputan a González Fraga y directivos de VicentinEn un ambiente cordial Sukerman fue recibido esta tarde por los diputados integrantes de la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión. En el inicio de la reunión y cuando algunos de los presentes se preparaban diferentes infusiones o se refrescaban con un preparado de agua, limón y menta; el funcionario hizo un rápido y amplio repaso del estado de situación de su Ministerio.
“Actualmente tenemos 200 procesos preventivos de Crisis en el cual se ven afectado aproximadamente 15.000 empleados”, reseñó el ministro como uno de los números más resonantes en el anexo de la Cámara de Diputados.
En relación a este tema se produjo la primera discusión en cuanto a los “vicios” que permite el sistema en cuanto a “que los vivos de siempre se lleven el dinero”, definió la diputada Cesira Arcando.
El debate puntual se extendió a más oradores, entre los que se discutió sobre la retención indebida de los aportes de los trabajadores, las posibilidades de una visualización preventiva de la crisis de las empresas por parte del Ministerio y los acuerdos finales entre las partes actuantes (Estado, Empresa y Sindicatos).
Para responder a esto, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri recordó que los procesos preventivos de crisis son un “mecanismo para que las empresas ante distintas dificultades” tengan un espacio, previo a la toma de decisiones, para discutir posibilidades con los sindicatos en el ámbito de la cartera laboral.
El tema de Vicentin fue sumando voces en el transcurso de la tarde, en el edificio legislativo. Por parte del ministro de Trabajo fueron más las expresiones de deseo que medidas puntuales “No tenemos mucha información, pero queremos que la empresa con los actuales dueños u otros comience a trabajar para que los trabajadores vuelvan a sus puestos Muchos más detalles y claridad al tema brindó el vicepresidente primero (y único miembro del directorio que no es familiar de la empresa) Alberto Macua, quien dijo lo que principalmente los diputados presentes querían escuchar: “los trabajadores están licenciados, pero están cobrando y volverán entre el primero de marzo y el 30 de abril a sus puestos de trabajo, estamos trabajando para que esto ocurra”.
A su vez, el representante de la firma explicó que ante tantos números inciertos y “falsas informaciones que están circulando”, “los trabajadores que se ven más afectados son aproximadamente 1200 y son los que están vinculados a la molienda de oleaginosas”. Más adelante Macua aclaró que hay datos que “no están del todo ajustadas a la realidad”.
La interpelación de los legisladores fue extensa y atravesó desde la situación laboral de los empleados, la previsibilidad del “estrés financiero” que acusa la empresa, la totalidad y división de la deuda y el pago de la misma, pero también la relación con el Banco Nación.
En su mayoría los interrogantes fueron respondidos por el empresario, aunque no dejó del todo conforme a algunos diputados. Macua dijo expuso números concretos al hablar de pago de la deuda con las cooperativas/productores: “...son 1800 aquellos a quienes, con un cronograma establecido en tres años y medio, les saldaríamos las deudas”, además aclaró que “aproximadamente 700 de esos 1800 quedarán afuera porque son acreedores a los cuales se le debe menos de 30.000 dólares y a ellos se les saldará el total de la deuda en un solo pago”.
El presidente de la comisión de asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, Fabián Palo Oliver (UCR) manifestó que “no queda claro el tema de la resolución de deuda, sobre todo la renegociación con la banca internacional, porque si eso no pasa, la única solución es la venta de activos y si eso ocurre, lo que más nos preocupa con esas ventas es saber qué va a pasar con los trabajadores”.
Lucila De Ponti (Movimiento Evita-PJ) dijo que el empresario “no pudo explicaronos” qué pasó “con todo ese volumen de financiamiento que recibieron”, además la diputada del bloque dijo que “Según Macua si venden todos los activos de las empresa de las plantas de San Lorenzo y Avellaneda es un tercio de la deuda, pero también acá hay una estrategia de dejar afuera un montón de corporaciones que pertenecen a la familia Vicentin”.