Pese a drásticos recortes de gastos vinculados a las jubilaciones, asignaciones familiares y provincias y obras públicas, en febrero las cuentas de la administración pública nacional cerraron con un déficit financiero de $186.635 millones. Economía pagó intereses por $1,1 billones (en especial al FMI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El rojo fiscal no fue mayor porque se computaron $206.024 millones como ingresos de rentas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
Según la OPC, hubo "retrasos en algunos programas de gastos" y deudas no canceladas en el mercado de electricidad. En cambio, sí se repitió el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses: fue $929.154 millones, 1.805,5% superior al obtenido un año atrás. Por el lado de los ingresos (2,6%), mejoró la recaudación del impuesto PAIS, de derechos de exportación e IVA, por el incremento interanual del tipo de cambio. En tanto, los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 23,6% por la disminución del salario real. Los gastos corrientes disminuyeron 29,5%. Las mayores caídas se concentraron en jubilaciones y pensiones (33,9%), AUH (4,4%), asignaciones familiares (27%), PAMI (41,1%), provincias (89,8%), energía (61%) y transporte (68,6%).