Recortes en seguridad social y transferencias corrientes representan el 79% del ahorro que explica el superávit fiscal

Según un nuevo informe de la Universidad Austral, para entender cómo el Gobierno logró un valor positivo de las cuentas no basta con mirar las reducciones de gastos o los nuevos ingresos, sino que también hay que considerar todos aquellos factores que se mantuvieron estables.

Ahorro estatal

En esta línea, su análisis destaca que aún no se concretaron rebajas significativas en los impuestos, que se incrementó el impuesto PAIS y que la recaudación cayó 4,2 %, fundamentalmente por la caída de la actividad fruto de la recesión. Además, destaca que, en caso de aprobarse la Ley Bases, subirían los siguientes impuestos y recaudaciones:

• Impuesto a las Ganancias

• Recaudación por blanqueo de capitales

• Recaudación por moratoria

Aunque bajaría el impuesto a bienes personales, existe un posible aumento en la recaudación estatal a corto plazo, ya que la ley contempla la posibilidad de adelantar 5 años de impuesto para mantener base fija

Durante el primer trimestre de 2024, el ahorro estatal se explica en gran parte (y en comparación con el primer trimestre de 2023) gracias a los recortes en prestaciones de seguridad social y transferencias corrientes, que aportan en conjunto un 79 % de este ahorro. Los siguen el recorte en obra pública (9,51 % del total) y en remuneraciones, con un 6,13 %.

Cambios en los gastos del Estado

El estudio analizó los cambios en los gastos del estado con las categorías "motosierra", "freezer" y "licuadora". Por "motosierra", se refieren a reducciones nominales significativas. Este fue el caso con las transferencias de capital y la inversión real directa, ambas reducidas en un 34 %. Con la categoría "freezer" se refiere a un aumento nulo debido a la inflación, como sucedió con las transferencias a provincias y municipios, que recibieron un aumento del 42 % frente a una inflación de casi 300 %.

El concepto "licuadora" responde a otros casos en los que el aumento fue insuficiente para cubrir la inflación, pero en menor medida. Esto sucedió con las universidades, que recibieron un aumento del 150 %, las prestaciones sociales, que recibieron un aumento del 140 % y las remuneraciones del sector público (aumento del 213 %). Por otro lado, el pago de intereses sobre la deuda pública sufrió un incremento de 324 %, cifra por encima de la inflación que implicó una carga significativa en el presupuesto.

Reducciones tributarias

El tercer componente clave del análisis de la Universidad Austral son las reducciones tributarias, que se refieren a ingresos que el fisco deja de percibir para favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. También se las conoce con el nombre de "regímenes de promoción económica" y, en lo que va del año, no sufrieron grandes modificaciones y tampoco hay indicios de debate sobre ellas.

De momento, algunas de las reducciones tributarias vigentes son:

• En panadería, carnes, frutas, legumbres y hortalizas para facilitar el acceso a producos básicos

• En prestaciones médicas a obras sociales, servicios de medicina prepaga y medicaciones de uso humano

• En la construcción de vivienda para fomentar la actividad en el sector

• En gasoil para promover el uso de combustibles limpios

• En el impuesto a ganancias para funcionarios del poder judicial (para mantener su independencia)

• En servicios educativos

• En impuesto a las ganancias para asociaciones civiles, mutuales, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro

• Un ajuste que minimice su costo social.

Considerando cada uno de estos elementos, el análisis subraya que el gobierno logró un superávit fiscal a pesar de una caída en la recaudación del 4,2 % debido a la caída en la actividad económica. Mientras que se disparó en el pago de los intereses de deuda (324 %) minó el superávit, los recortes drásticos en obras públicas y transferencias de capital fueron clave para llegar a este resultado.

Señalando que los ajustes por debajo de la inflación desgastan el poder adquisitivo de las universidades, el poder adquisitivo de beneficiarios de prestaciones sociales y también de los empleados públicos, los investigadores destacan la necesidad de revisar exenciones y beneficios fiscales para lograr un ajuste equilibrado, minimizando su costo social.