El proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros recibió hoy dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta y podría ser debatido en la próxima sesión.
La iniciativa obtuvo ocho firmas de los integrantes de la Comisión que conforman el Frente para la Victoria y una en disidencia parcial del representante de FAP, Jaime Linares.
Si es incluido en las sesiones de esta semana, el proyecto deberá ser tratado sobre tablas ya que no cuenta con los siete días previstos en el reglamento desde su dictamen.
Fuente legislativas señalaron que los bloques opositores darían el número necesario para su debate.
De ser aprobada, la iniciativa que fue reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de asunción el último 10 de diciembre se convertirá en Ley debido a que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto, -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de ‘personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad‘.
La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros ‘no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales‘.
El proyecto, en su artículo 11, sostiene que se ‘atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina‘, vigentes a la entrada en vigor de la ley y que ‘no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable‘.
A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros ‘unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos‘ o que ‘tengan más de 10 años de residencia permanente y probada‘ y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que ‘contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes‘.
‘El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros‘, enfatizó el texto en los fundamentos.
Télam