Los diputados que dieron media sanción a la ley que avala las retenciones móviles a las exportaciones de granos fueron denunciados penalmente por el presunto delito de violación del artículo 29 de la Constitución, que prohibe al Congreso "conceder" al Ejecutivo nacional "facultades extraordinarias".
El denunciante, el abogado Guillermo Cascino, sostuvo que la ley aprobada por la Cámara baja viola también el artículo 227 del Código Penal, que fija penas de prisión o reclusión perpetua para "los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional" esas mismas "facultades extraordinarias".
La mención alude a la suerte de delegación de poder que Diputados hizo en favor del Ejecutivo para el manejo de las cuestiones vinculadas con las retenciones, que por su naturaleza tributaria deben pasar por el poder Legislativo.
"Nuestra Constitución expresa la nulidad insalvable de estos actos y sanciona expresamente a quienes lo formule, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", señala la presentación, que quedó radicada bajo el número 10.142/08 en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
El denunciante aclaró que no milita "en ningún partido político" ni lo impulsa "ninguna posición partidaria ni opositora al gobierno actual".
"La ley aduanera en la que se apoya la resolución dictada por el Poder Ejecutivo (dice la denuncia, en alusión a la resolución 125) y que fuera convalidada por la Cámara de Diputados no sólo fue dictada por un poder de facto sino que se basaba en un régimen en el que el poder legislativo era inexistente", argumentó Cascino.
Así, buscó refutar uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno, que sostiene que la resolución 125 fue dictada "en uso de las facultades que la Constitución le conceder al presidente de la Nación".
"Existiendo hoy un estado de derecho la Cámara de Diputados no puede apoyar y convalidar una ley inexistente para un Estado republicano", concluyó la denuncia.
Fuente: DyN