Luego de haberse completado la ronda de indagatorias a los imputados por supuestas irregularidades en el cobro de subsidios para empresas de colectivos de esta ciudad, se aguarda la resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez. En teoría, el plazo para resolver si dicta o no procesamientos vence esta semana, aunque se estima que el magistrado se tomará más tiempo debido a la complejidad de la causa y por la cantidad de elementos que deben ser evaluados. Tal como lo adelantara El Litoral, esta nómina está conformada por el ex subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Jorge Miqueri, y quien actualmente detenta el cargo, Julio Michelli. Por el lado de las empresas figuran Rubén Tocci, Daniel Vidal, Gerardo Ingaramo, Rubén Moore, Hugo Andrés, Raúl Chiapello, Gino Talarico, Mario Ferreyra y Sergio Peña. Tocci fue el único que no declaró, por razones de salud que fueron debidamente certificadas ante el Juzgado. La investigación realizada por la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la Dra. Griselda Tessio, se efectuó sobre la base de una denuncia que apuntaba a presuntas incongruencias entre la cantidad de unidades declaradas en circulación con las que, efectivamente, recorrieron la ciudad de Santa Fe durante los últimos años. Este dato no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que los subsidios nacionales se determinan a partir del número de colectivos en servicio. Las indagatorias estuvieron a cargo de Tessio. El juez Rodríguez recién se incorporó a fines de la semana pasada de su licencia, pues durante la feria de julio estuvo de turno. En octubre de 2004, Rodríguez puso en manos de la fiscal la investigación, luego de que durante varios años sobrevolara en la ciudad la sospecha de que se manejó información falsa acerca de la cantidad de unidades que se encontraban circulando. En aquel momento existían tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparecía un tercer subsidio específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.