El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sesionó el viernes en La Pampa con la presencia de 70 autoridades, reclamó al Senado de la Nación la aprobación del proyecto de ley de financiamiento universitario que tiene media sanción en Diputados, a la vez que aprobó un proyecto de presupuesto para el 2025 que representa el 1% del PBI.
Mediante un acuerdo plenario, el CIN otorga apoyo formal y solicita la aprobación del Senado y la posterior promulgación por parte del Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario. Vale recordar que cuando salió la media sanción de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió que si bien el veto no estaba en agenda, "lo que tenga intención de destruir las cuentas públicas, lo analizaremos. El presidente tiene claro que cuando amenace las cuentas se analiza el veto. Lo que sea que no, se considerará".
En su intervención en el plenario, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, aseguró respecto del proyecto con media sanción, que "de aprobarse tal como está para nada afecta el déficit fiscal".
"Claramente la ley es positiva porque de alguna manera nos actualiza el presupuesto de un año en el cual no hubo presupuesto nacional, que es una decisión política que no lo hubiera. Entendemos que el costo total de la puesta en marcha de esa ley es un 0,14% del PBI y es menos del 10% del acumulado que ha tenido como superávit primario el Gobierno en estos primeros 7 meses, lo cual entendemos que no afecta al déficit fiscal y no compromete los recursos del Estado", explicó el rector en diálogo con El Litoral. Y de alguna manera, indicó que "esta ley también nos pone en un pie de análisis para lo que esperamos sea el presupuesto 2025".
Además, el documento propone que las autoridades del propio CIN avancen en gestiones con senadores que representan a cada provincia para explicarles la importancia de que esta normativa se efectivice pronto.
En el caso de Santa Fe, esa reunión ya se realizó el lunes pasado en Rosario -y con algunos participantes por videoconferencia-, convocada por los rectores de las universidades públicas con asiento en la provincia. De la reunión participaron Mammarella por la UNL; de la UNR, Franco Bartolacci; de la UNRAF, Rubén Ascua; y los senadores nacionales por Santa Fe, Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Marcelo Lewandowski, quienes manifestaron su compromiso de acompañar la ley de financiamiento universitario 2024 que está en debate en el Congreso.
"Si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino es las universidades", dijo en la apertura de la jornada el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis. "Vamos a tener que defenderla sin ponernos colorados, pero no por nosotros y por un reclamo sectorial, sino por cada uno de nuestros chicos, porque estoy convencido de que en nuestro presente está el futuro de muchos jóvenes que necesitan tener, al menos, las posibilidades que nosotros hemos tenido en un pasado próximo", alentó.
Cabe aclarar que los gremios docentes universitarios se encuentran en alerta por los bajos salarios del sector. A los recientes paros, se anuncia una concentración en la Plaza de los dos Congresos el día que se dé tratamiento a la ley (probablemente el 5 de septiembre) y acompañar en todo el país con una medida de fuerza de 24 horas, la cual Conadu Histórica ya confirmó.
Se propuso que las autoridades del propio CIN avancen en gestiones con senadores que representan a cada provincia para explicarles la importancia de sancionar esta ley. Crédito: Gentileza
La "alarmante" situación de la ciencia
En el plenario de La Pampa también se aprobó un pronunciamiento que advierte que el estado de situación de la ciencia en la Argentina es "alarmante", luego de haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del gobierno nacional. "La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento", señala.
En el texto se destaca que el 60 % de las personas que hacen ciencia en el país trabajan dentro de las universidades nacionales. Se advierte, asimismo, que "el sistema de becas para el sistema científico-tecnológico se encuentra gravemente comprometido". A ello se suman las obras de infraestructura que "actualmente se encuentran detenidas y, en muchos casos, están generando serios perjuicios a nuestras instituciones".
Asimismo, informa que los convenios con múltiples editoriales internacionales, fundamentales para el funcionamiento de la Biblioteca Electrónica, "han sido discontinuados por el gobierno nacional, interrumpiendo el acceso a publicaciones internacionales claves para la investigación en las fronteras del conocimiento". Y añade que el sistema científico tecnológico del país, "de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes".
A través de ese pronunciamiento se insta a que todas las agencias del gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que "son pilares fundamentales para el desarrollo del país", cierra el comunicado.
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