Jueves 4.8.2022
/Última actualización 12:00
Días antes de las vacaciones de invierno, en la ciudad capital, una niña con autismo salió del aula al no estar incluida en la clase. Una vecina la encontró deambulando por la calle y la retuvo hasta que en la escuela se dieron cuenta y salieron a buscarla. Afortunadamente, todo terminó bien. Sin embargo, el caso disparó las alarmas en familias cuyos hijos tienen algún tipo de discapacidad. Este miércoles se manifestaron pidiendo que "no los dejen afuera" de su derecho a ser educados.
Nucleados en agrupaciones de distintas partes de la provincia, familias de niños y niñas con discapacidad protagonizaron un abrazo simbólico al Ministerio de Educación, exigiendo políticas públicas que favorezcan "la inclusión real" en las escuelas. Luego, marcharon hacia la Casa de Gobierno y Tribunales, reclamando respuestas ante sus reclamos.
Las agrupaciones que se manifestaron se reúnen bajo distintos trastornos y espectros de la discapacidad: Cromosomas Inclusivos de Santo Tomé, Igual de Diferentes de Coronda y Maciel, Futura 21, Prestadores de Discapacidad Unidos, TGD TEA Padres Rafaela, TGD TEA Padres Santa Fe, Hablemos de CEA de Ceres, Hablemos de Autismo de Santa Fe, Padres Autismo de Roldán, CEA Padres de Santo Tomé, EcoNexo Método Tomatis y TEA Azul
"Todas las organizaciones nos encontramos bajo los mismos problemas. Por un lado, el acceso a las escuelas, y que cuando sí lo conseguimos, o hay reducción horaria o no hay adaptación de las clases. Por otro lado, se nos pide acompañantes terapéuticos que se nos hace muy difícil de conseguir porque no todos tenemos obra social, y una vez que los conseguimos nos pasa que a muchos no los dejan entrar porque no es el que pide el Ministerio", comentó a El Litoral Silvia Fernández, de Cromosomas Inclusivos de Santo Tomé.
El día lunes, previo a la manifestación, representantes de algunas de las agrupaciones fueron recibidos por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y parte de su equipo. Allí, las familias pidieron ser tenidas en cuenta en los procesos pedagógicos de las escuelas. "La ministra nos recibió, pero nos fuimos con gusto a poco. Hablábamos de realidades que no tenían nada que ver. Nosotros planteamos distintas situaciones que ocurren en la provincia, pero nos fuimos con la promesa de que se iban a ocupar de los casos puntuales, no de las cuestiones de fondo. Lo que pedimos es que se tenga en cuenta a toda la modalidad, porque son políticas que ya están en vigencia, pero que no funcionan y que necesitamos que se implementen para generar un cambio en el sistema", sostuvo Fernández, madre de un niño con síndrome de Down.
Sobre los motivos que los llevó a marchar a Casa de Gobierno y a Tribunales, Fernández explicó que fue para pedir que se implementen políticas que fortalezcan el sistema educativo en discapacidad y por la efectiva sanción de leyes que favorezcan el derecho a la educación de sus hijos. "Queremos que nos den respuestas. Las catorce agrupaciones que nos reunimos demuestran que este es un problema provincial y no de un par de personas. Los funcionarios tienen que responder por lo que no se está haciendo. Y la Justicia tiene que darle lugar a nuestras denuncias y empezar a aplicar una perspectiva de discapacidad para resolverlos", manifestó.
Cambios en las escuelas para una inclusión "real"
"Queremos que nuestros chicos tengan el mismo derecho a la educación que los demás", sostuvo Fernández, explicando que buscan cambiar el paradigma de integración que se replica en las escuelas por un paradigma de "inclusión real".
En ese sentido, advirtió "innumerables cantidad de casos de vulneración de derechos y discriminación" que hay en la educación de niños y niñas con discapacidad. Y apuntó que "nuestras denuncias caen en saco roto, porque ni los directivos ni los supervisores las toman en cuenta".
Asimismo, puntualizó situaciones que viven en el día a día y afectan a las trayectorias educativas: "Los chicos solo van entre 45 minutos a 2 horas de clase por día y la mayor parte del tiempo terminan dando vueltas en el patio porque no tienen acompañantes o porque las docentes no se sienten capacitadas para darles clases a ellos".
Y agregó: "Todo esto se traduce en cuadernos vacíos, porque no se les adaptan los contenidos y terminan sin aprender lo que tienen que aprender, generando no solo segregación sino también un menoscabo impresionante a su autoestima de los chicos".
Este tipo de situaciones dijo que son evidencias de la necesidad de actualización en los docentes: "Los cursos que hay o son carísimos o los que son gratuitos no siempre son buenos. O nos piden a nosotros que capacitemos, pero esto tiene que ser parte de una política educativa del Estado".
Por último, reconoció que hace falta más presupuesto para implementar políticas que aseguren mayor calidad educativa y que hace falta generar concientización en las escuelas tanto públicas como privadas de la provincia: "Sabemos que hacen falta recursos. Por ejemplo, para que haya gabinetes psicopedagógicos en cada escuela. Hace años que se viene hablando de este tema y nunca se concreta, ni siquiera hay auxiliares que puedan ayudar en clases a las maestras".
Piden informe sobre la asistencia profesional
Días atrás, el diputado provincial Sergio “Checho” Basile solicitó un informe al Ejecutivo provincial para conocer detalles del “Proyecto de integración interinstitucional de niños, adolescentes y jóvenes”.
A raíz de los reclamos de las agrupaciones de familias de niños y niñas con discapacidad, el legislador radical requirió información sobre la cantidad de cargos docentes con función integradora con que cuenta cada escuela adherida, especificando si son de carácter permanente o transitorio; cual es la asignación presupuestaria afectada para el desarrollo de dicho proyecto; y si actualmente se encuentran establecimientos educativos integradores sin la cantidad necesaria de docentes que cumplan tal función, de ser así, explicitar los motivos de dicha faltante de recurso humano.
"El Ejecutivo Provincial debe tomar el asunto de manera prioritaria porque venimos de un suceso anormal como fue la pandemia y la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que puede haber ocasionado retrocesos en el proceso de socialización de niños y niñas con trastornos del espectro autista o de aprendizaje generalizado”, expresó el legislador