Opinión

Finalmente la entidad empresaria que nuclea a los camioneros llegó a un acuerdo con el gobierno nacional, razón por la cual procedió a levantar las medidas de fuerza. Después de cuatro días de paralización de actividades, con los camiones bloqueando rutas y caminos y con el fantasma del desabastecimiento flotando en el aire, el gobierno aceptó rebajar el gasoil, uno de los reclamos centrales de los huelguistas.

El acuerdo plantea que el gasoil para el sector transportista valdrá 0,45 pesos. El compromiso fue aceptado por las tres grandes vendedoras: Repsol, Shell y Esso, aunque éstas no sólo no disimularon su disconformidad, sino que aclararon que la venta se hará en algunas estaciones y durante un plazo de sesenta días. A cambio, las petroleras piden una rebaja de impuestos, reclamo que el gobierno prometió estudiar y dar una respuesta al respecto en los próximos meses.

El gobierno nacional manifestó su satisfacción por haber conjurado este temible frente de tormenta a un precio que, por el momento, considera satisfactorio. Recordemos que los camioneros reclamaban que la rebaja del gasoil se hiciese sobre el porcentaje de los impuestos. La racionalidad del reclamo chocaba en este caso con las dificultades que representa para una gestión renunciar a percibir impuestos seguros en la actual coyuntura. Los cálculos más pesimistas señalan que la cifra cobrada en este rubro supera con generosidad los 1.200 millones de pesos.

La calidad de los acuerdos firmados y la satisfacción del gobierno por haber solucionado un conflicto no nos pueden hacer perder de vista que una vez más el poder político debe ceder a la presión corporativa, en este caso ejercida por los dueños de los camiones.

Del mismo modo que hemos criticado en su momento la violencia ejercida por los sindicalistas o los arbitrarios cierres de calles de los "piqueteros", corresponde hoy cuestionar una medida de fuerza que, más allá de lo atendible de sus demandas, no se compadece con los problemas que atraviesa el país y alienta uno de nuestros vicios más recurrentes en la materia.

Si cada sector social perjudicado apelase a los cortes de rutas, cierres de calles, tomas de fábricas o establecimientos educativos, la sociedad se desintegraría y el orden político sería inexistente. Que un paro de camioneros resulte eficaz porque corta las rutas y amenaza con desabastecer a las grandes ciudades no hace más que generalizar la idea de que en este país sólo se escucha a los que disponen del poder.

A nadie se le escapa que el abastecimiento de alimentos y artículos de consumo en general se realiza a través de camiones. Tampoco se ignora que en las actuales condiciones históricas el camión ha desplazado definitivamente al tren en esta actividad y, por lo tanto, si este sistema no funciona el caos se instala de inmediato.

Los recientes ejemplos de Francia o el impacto que tuvo la huelga de los camioneros en la época del gobierno de Salvador Allende en Chile, confirman la capacidad de desestabilización de este sector cuando se moviliza contra un gobierno.

El ejercicio de semejante poder debería ir acompañado de las correspondientes responsabilidades. Cuando esto no ocurre es importante un gobierno y un Estado lo suficientemente fuertes como para resistir los embates corporativos sin ceder a presiones y chantajes que con la misma legitimidad podrían esgrimir otros sectores.