Opinión

El avocamiento del juez español Baltasar Garzón al juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la dictadura militar, instala en la sociedad argentina la discusión acerca del alcance de la jurisdicción internacional.

La llamada "jurisdicción internacional" supone la habilitación de un magistrado para juzgar delitos cometidos fuera del territorio del país donde ejerce su magistratura, lo que es legalmente posible frente a la comisión de delitos de "lesa humanidad", es decir, aquellos crímenes que implican el quebrantamiento de bienes jurídicos tan preciados, que a toda la comunidad internacional interesa proteger.

Durante los años de plomo, las fuerzas conjuntas incurrían, sistemáticamente, en la comisión de delitos internacionales tales como el genocidio, la tortura y el terrorismo de Estado.

Merced al dictado de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521) -y pese a que ello supuso una flagrante violación a tratados internacionales suscriptos por la Argentina-, ya no fue posible el juzgamiento en nuestro país de hechos tan atroces.

Las normas de derecho internacional establecen que cuando el país donde se cometieron esta clase de delitos no asegura el juzgamiento y punición de los responsables, entra en juego el principio de la jurisdicción internacional o universal.

Como si ello fuera poco, existe otra razón de peso para que España tenga interés en juzgar los delitos cometidos durante la represión ilegal: doscientos sesenta y seis ciudadanos españoles formaron parte del gran número de víctimas cobradas durante ese período.

Tan clara es la violación que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida suponen a tratados internacionales firmados por la Argentina, que así lo han declarado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA coincidieron al afirmar que ambas normas han impedido la investigación y sanción de los responsables, cómplices y encubridores -así como un adecuado resarcimiento de las víctimas-, por lo cual son incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU.

Es así que tales organismos internacionales recomendaron a nuestro país adoptar las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.

Hasta el momento, sólo se han activado en nuestro país las causas judiciales relativas al robo de niños (nacidos en cautiverio durante la represión, o bien aquellos pequeños arrancados, a muy corta edad, de los brazos de sus padres asesinados o detenidos ilegalmente) y las que guardan relación con el "derecho a la verdad" (este último faculta a los jueces a investigar todos los datos posibles acerca de lo acontecido a los muertos o desaparecidos durante los años de plomo).

El juez Garzón -titular del Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid- ha procesado por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado a casi un centenar de militares y policías involucrados en la represión ilegal desatada durante la dictadura.

Sobre todos ellos pesa una orden internacional de captura (que concretará la Interpol en caso que alguno de los buscados ose poner sus pies fuera de nuestro país), como consecuencia de la prisión provisional que también dispusiera.

Entre los más conocidos pueden contarse: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Cristino Nicolaides, Carlos Guillermo Suárez Mason, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Ignacio Astiz, Adolfo Francisco Scilingo y Agustín Feced.