Opinión

Joseph Paul Goebbels (1897-1945) tomó un arma, la dirigió hacia su cráneo y sin más disparó. Atrás había quedado la fisonomía de una propaganda nazi basada en la falsedad y el embuste. La Alemania genocida se había derrumbado y aunque el horror se convertía en cenizas surgía entre los escombros un viejo precepto que aún hoy perdura: Miente... miente... miente, que algo quedará.

Saco, corbata, zapatos finos y un maletín de empresario. Habían pasado más de 20 años y Ricardo Miguel Cavallo se asemejaba a un empresario de los que destinan una parte de sus ganancias a la lucha por combatir el hambre de los niños del mundo.

Sin embargo, detrás de esa figura de hombre pacífico y de negocios se escondía su verdadera personalidad. En realidad, Cavallo fue "Ricardo" o "Martín" y en la ESMA (1976-1978) se lo conocía como "Sérpico", aunque su lucha estaba vinculada con la tortura y exterminio de los detenidos políticos.

Además, Cavallo trabajó desde la década del '80 con los servicios de inteligencia de la narcodictadura del boliviano Luis García Meza (condenado hasta el 2004 por corrupción) y también fue la mano derecha del ministro de Gobierno, el coronel Luis Arce Gómez, preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y mintió, porque consciente como Goebbels, supo que hay verdades que no pueden defenderse. Su detención en México se produjo a instancias del juez español Baltasar Garzón, quien lo procesó por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

"Yo no soy la persona que ustedes mencionan" dijo con gesto tenaz, tratando de eludir el reclamo de sus propias víctimas. Pero no pudo, por esos días había elegido la figura de ese empresario casi ingenuo e inofensivo, aunque nadie puede desterrar la encarnación de un sicario del horror.

El ex represor Jorge Olivera fue apresado en Italia a raíz de la desaparición de la joven franco-argentina Marie Anne Erize Tisseau. La orden fue impartida por el juez francés Roger Le Loire, quien le dio indicaciones a la polaria (la policía italiana del aeropuerto de Fiumicino) que impidiese la salida del mayor retirado.

Olivera presentó ante la Justicia italiana documentación apócrifa acerca de la joven desaparecida en San Juan en 1976, y merced a la gestión de sus abogados consiguió la libertad.

Y lógicamente, nuestro país fue el refugio casi intocable donde recurrir para evitar que a la hora en que se descubra la verdad no peligre su libertad. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final le otorgaron, como a miles de represores, ese beneficio, y nuestro país se convirtió en una gigante cárcel cuyos muros no pueden ser traspasados.

En tanto, un conflicto diplomático surgió entre Francia e Italia a partir de la liberación de Olivera. El juez Le Loire había solicitado la extradición para sentarlo en el banquillo de los acusados y la medida se frustró.

Si finalmente se comprueba que la documentación presentada ante la Justicia italiana es falsa, este país podría pedir su extradición. Asimismo, el Consejo de la Magistratura analizará si la conducta de los magistrados que le concedieron la libertad a Olivera fue irregular, situación que podría generar inclusive una causa penal contra los jueces italianos que intervinieron.

Por su parte, el juez Le Loire mostró su disconformidad por lo sucedido y sentenció que "si Olivera sale de la Argentina tiene que ser detenido".

Mientras tanto, el represor fue recibido con honores en nuestro país por parte de sus familiares y amigos. Ahora descansa, pero de algo está seguro: no hay nada como vacacionar en la Argentina.