Sucesos

El asesinato del general chileno Carlos Prats comenzará a ser develado desde mañana, cuando comience el juicio oral y público a Enrique Lautaro Arancibia Clavel, un ex agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) acusado por el crimen perpetrado en Buenos Aires hace 26 años.

Según el auto de elevación a juicio, Arancibia Clavel, detenido desde 1996, fue acusado de "homicidio calificado" en calidad de "miembro de una asociación ilícita".

Por este crimen, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría también investiga al ex presidente chileno Augusto Pinochet, a quien citó a indagatoria hace ya un año.

Precisamente, María Angélica, una de las hijas del general Prats, reclamó la "extradición" de Pinochet por parte de la Justicia argentina, en un reportaje difundido hoy por el matutino Clarín.

Consultada sobre qué esperaba de la Justicia argentina, María Angélica Prats señaló que "realmente sea capaz de sacar a la luz toda la verdad y entregar un veredicto transparente, lo que incluye la extradición de Pinochet, aún sabiendo lo difícil que es concebir ese grado de justicia".

María Angélica, junto con sus dos hermanas, Sofía y Cecilia, impulsan la lucha contra la impunidad del crimen ocurrido hace 26 años en el Barrio Norte de Buenos Aires, que también terminó con la vida de su madre.

Desde las 9.30, los miembros del Tribunal Oral Criminal 6, los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Horacio Alberto Vaccare, deberán esclarecer la responsabilidad que tuvo Arancibia Clavel en los homicidios del militar chileno y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados a través de un atentado en Buenos Aires el 29 de septiembre de 1974.

El matrimonio fue destrozado por una bomba colocada en su auto cuando se aprestaba a ingresar a la cochera de su casa, en Malabia 3351. El artefacto fue de tal poder que hizo volar el techo del auto hasta la terraza de un edificio vecino de ocho pisos de altura.

Prats era jefe del Ejército durante la presidencia del socialista Salvador Allende, pero renunció en 1973, poco antes de que Augusto Pinochet asumiera el poder en un régimen dictatorial. Su alejamiento llegó después de que Allende escuchara en una cena a Pinochet y sus generales, sin saber que estaban conspirando en su contra.

Al parecer, Prats representaba un riesgo para la estructura de poder que se iba gestando en el Cono Sur en ese momento, ya que había sido un oficial legalista y moderado que prometía ser un obstáculo para las ambiciones pinochetistas.

Fue en ese momento que Prats decidió vivir en Buenos Aires y, durante una breve reunión que mantuvo con el entonces presidente Juan Domingo Perón, el propio jefe de Estado argentino le aconsejó que se alejara del país porque su vida corría riesgo.

En ese marco se ordenó la custodia de Prats a la SIDE, al Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal y al Ejército. En ese área, el encargado de la seguridad del militar chileno era el entonces coronel Reynaldo Bignone, quien luego se convertiría en presidente de facto de la dictadura militar.

Ahora Bignone es uno de los 85 testigos que fueron citados por el tribunal y deberá presentarse ante los jueces el próximo 11 de octubre. La expectativa también está centrada en los testimonios que brindarán el ex comisario Juan Carlos Gattei, el ex cónsul Eduardo Oremio Toledo, el ex embajador Ramón Huidobro y el investigador chileno Rafael Bustamante, junto con agentes de inteligencia de Chile y de Estados Unidos.