En un plazo no superior a los 15 días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobaría el paquete antievasión.

Así se lo anticiparon al ministro de Economía, Roberto Lavagna, los presidentes de la citada Cámara, Eduardo Camaño, y del bloque justicialista, José Díaz Bancalari.

Además, el radicalismo, principal fuerza de la oposición, anticipó que avalará sin demasiados reparos el paquete de iniciativas girado al Congreso la semana pasada.

Las medidas son consideradas cruciales por el gobierno, ya que permitirían recaudar un monto que oscilaría entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en el segundo semestre del año, apuntó el diario La Nación.

Ayer, Camaño y Díaz Bancalari avanzaron en distintos proyectos pendientes en el Congreso: uno de ellos -el que mayor dificultades genera- es el que prevé compensaciones al sistema financiero por la pesificación asimétrica y la devolución de depósitos a valor dólar, una vez que haya sentencia firme de la Justicia. Se estima que, para ello, el Estado debería erogar unos 8.000 millones de pesos.

Como consecuencia de las resistencias que genera la iniciativa, es muy probable que sea modificada.

Como se sabe, una de las propuestas remitida por el Banco Central y que se analiza seriamente es que la compensación por parte del Estado se concrete cuando se produzca la cancelación de la deuda.

Para destrabar la cuestión, Díaz Bancalari propuso a Lavagna -quien se comprometió a estudiar el tema- que se impulse, paralelamente, una ley para gravar las grandes empresas cuyas deudas fueron pesificadas, y así tener recursos que financien la compensación.

En la reunión de los dos legisladores con Lavagna, de la que también participó el ministro de Planificación, Julio De Vido, se coincidió en señalar que el paquete de leyes antievasión será fundamental para solventar, con la recaudación que se produzca, el ambicioso plan de obras públicas que quiere instrumentar el gobierno.

Trascendió además que Lavagna comunicó a los diputados que el Poder Ejecutivo "no tiene ningún interés" en la sanción de cualquier iniciativa sobre ajuste por inflación para calcular el impuesto a las ganancias, y que prefiere que el sistema no tenga ninguna modificación.

En el curso de la primera quincena de julio, el gobierno estima que será factible acelerar el proceso para concentrar a los acreedores en "grupos consultivos" alrededor del mundo para avanzar en el proceso de reestructuración de la deuda pública en default.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, confirmó la decisión mediante una carta que ya envió a los tenedores de bonos argentinos y en donde precisó que esos "grupos consultivos" deberán designar interlocutores autorizados a negociar en su representación.

El funcionario, en la misiva, también negó que el gobierno piense en pagar comisiones a algún grupo particular de bonistas o en discriminar entre distintos tipos de inversores, institucionales o individuales.

Según señaló hoy un diario especializado, Nielsen indicó que en la propuesta de reestructuración que se conocerá el 23 de setiembre, durante la asamblea anual conjunta del FMI y el BM, el menú de opciones tendrá "un valor económico equivalente".

Ello implica que el valor presente de los títulos será similar, pero los inversores podrán elegir entre bonos que respeten el capital original pero a mayores plazos, y otros títulos a plazos más cortos pero con quitas de capital.

Hugo Medina y Narciso Muñoz, según el decreto 278/2003, publicado hoy en el Boletín Oficial, fueron designados presidente y vice de la Comisión Nacional de Valores (CNV), respectivamente.

Hasta el momento, Muñoz se desempeñaba como presidente del organismo.

En el mismo decreto, firmado por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se nombró como directores a Emilio Ferré y Eduardo Caballero Lascalea.

Se aceptó la renuncia de quien fue vicepresidente, Hugo Secondini, y la de los directores Juan Andrés Hall, María Silvia Martella y Jorge Lores.