Corrientes.- La ex subcontadora del Banco Nación sucursal Corrientes, acusada de facilitar una estafa récord contra la entidad, fue detenida por la Policía Federal en el marco de la causa judicial que investiga la extracción de 10 millones de pesos en Lecop mediante cheques sin fondo, informaron hoy fuentes oficiales.
La contadora Mariela Zimmer, segunda del departamento de contaduría de la sucursal hasta el año pasado, fue apresada en el barrio 1.000 Viviendas de esta capital, tres meses después de que el fiscal federal Oscar Resoagli, quien se enteró de su participación en los hechos a través de diarios locales, solicitara su detención.
Zimmer fue alojada ayer en la delegación local de la Policía Federal a la espera de que el fiscal pida su declaración indagatoria, considerada clave para el esclarecimiento del desfalco en virtud de las conexiones entre la profesional y los empresarios que habrían usufructuado de la maniobra non sancta.
Según explicó Resoagli, la contadora habría autorizado junto con un puñado de empleados infieles el pago de numerosos cheques correspondientes a cuentas corrientes en rojo a través de un aceitado mecanismo del que también formaban parte conocidos hombres de negocios de Corrientes.
Cuando las máximas autoridades del Banco Nación detectaron las irregularidades, se inició un sumario administrativo contra el personal involucrado que obligó a Zimmer a renunciar, pero a pesar de que radicaron las denuncias correspondientes la causa no avanzó con celeridad.
Sólo después de que el fiscal Resoagli tomara nota de lo sucedido y acelerara el procedimiento mediante pedidos dirigidos al juez federal local, Carlos Soto Dávila, la Policía Federal recibió instrucciones de actuar en busca de los presuntos estafadores.
La ex subcontadora Zimmer es la primera detenida por la estafa al Nación, que a través de su filial correntina y a lo largo de año y medio entregó a manos espurias alrededor de 10 millones en Letras de Cancelación de Obligaciones con las Provincias (Lecop) que luego fueron canjeadas por pesos en rescate de las cuasimonedas.
Para el fiscal Resoagli, "todo indica que estamos ante una asociación ilícita que tramó la estafa con la ayuda de funcionarios y empleados infieles", hecho que no fue investigado debidamente hasta que el representante del ministerio público presionó al juez Soto Dávila por su aquiescencia.
En forma paralela, Resoagli inició actuaciones para determinar el rol del juez en un posible caso de retardamiento doloso de la acción judicial para beneficiar a los sospechosos, expediente en el que también aparecen imputados algunos secretarios y empleados del tribunal federal correntino.(DyN).