En el 2000 había en la Argentina 450 mil civiles autorizados a usar armas; hoy son 620 mil, que disponen de casi 2 millones de armas de uso civil. "Es difícil saber además cuántas armas ilegales hay; oficialmente se habla de unas 300 mil, pero dos ex ministros de seguridad señalan que existen otros 2 millones más".

La inseguridad alienta el fenómeno. Pero Gabriel Conte advierte que "hasta ahora las informaciones nos hablan de inseguridad, peligro, muerte inminente en manos de un agresor, pero nadie habla con suficiente fuerza en los medios, desde el Estado y desde las ONG's del peligro que implica el armamentismo civil. Ingenuamente, la gente piensa repeler la inseguridad comprando un arma, pero ésa es una herramienta que sólo sirve para matar".

Conte es mentor de la ONG Espacios, integrante de una red internacional que actúa en más de 100 países, y además es subsecretario de Relaciones con la Comunidad de Mendoza, asesor de 11 provincias en materia de desarme civil. Dialogó con El Litoral en el marco de un seminario del sector.

"A un chico de barrio, humilde, con problemas -relata- le resulta más fácil acceder a un arma de fuego que a un libro. El arma significa posiblemente violencia, una muerte temprana y una vida ilegal. Más allá de las cifras, hay una realidad palpable: las armas son baratas, las que matan son armas de 20 a 40 pesos que se consiguen con mucha facilidad".

Sin embargo, Conte pone el acento en la legalidad. "Las armas ilegales no se fabrican ilegales. Hay que avisarle a la gente que no lleve armas a su casa porque van a caer en manos de los delincuentes. Si la sociedad se arma le está haciendo el caldo gordo al delincuente. El arma puede significar la muerte propia o de un familiar o de un tercero, no existen seguros".

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Conte señala con relación a la experiencia en su provincia que "lo que se hizo fue una reforma de la policía en el '98, con una política de Estado a la que todos los partidos se comprometieron. En el 2000, lanzamos un plan de recolección y destrucción de armas de fuego y municiones, junto a Naciones Unidas, ONG's y el gobierno de la provincia que encabezó la propuesta.

"No buscamos desarmar a los delincuentes: eso lo hace la policía y la justicia. Pero la fuente de la que se nutren los delincuentes son los hogares. Ofrecimos esa alternativa y en 45 días se juntaron 3.000 armas y 8 mil municiones. Se reacondicionaron los depósitos -tenemos los más modernos de sudamérica- y se destruyeron las armas".

El especialista pone especial acento en el control a la policía y a los depósitos judiciales. "Ante la falta de control de arsenales o depósitos judiciales, las armas reingresan al circuito de la delincuencia por falta de seguridad, omisión, corrupción o desinterés del gobierno".

"Ahora -añade-, lo que se está por lanzar es un plan de control de armas y municiones, con una línea gratuita para denunciar el tráfico ilegal, un trabajo coordinado de investigaciones e inteligencia, que en un mes ya recolectó 5.200 municiones por imperio de la ley".

En cuanto a la situación en Santa Fe, Conte apuntó sus expectativas para que se concreten los esfuerzos para destruir armas que ya no sirven como pruebas en procesos judiciales, "antes que desaparezcan". En cuanto a la capital santafesina, advirtió que es "desproporcionado" el nivel de armas detectadas, y señaló el compromiso que debe haber en la sociedad frente a un problema que es de seguridad, pero también de educación y de salud. "No podemos esperar que pase algo como lo que sucedió en la escuela de Carmen de Patagones", concluyó.

Nilla Ingstorp es miembro de Swefor, una ONG sueca comprometida con el desarme civil. De acuerdo con sus cálculos, "en el mundo hay 639 millones de armas según los datos de 2003, y aumentan cada año entre 7 y 8 millones más. El 60 por ciento de ellas está en manos de civiles".

Consultada acerca de si existe una epidemia global con las armas de uso civil, le dijo a El Litoral que "cada año hay más armas, muertes y heridos. Es una epidemia de algún tipo, no sé por qué. Imagino distintas razones.

"En el mundo de los ricos -advirtió- muchas empresas y políticos rechazan el tráfico de drogas y personas, pero siguen pensando que el negocio de las armas no está tan mal. Ahí tenemos un trabajo grande con los políticos".

También apuntó al rol de los medios masivos de comunicación. "Gran cantidad de personas se han convencido de que tener un arma da seguridad: es al revés. Pero en muchas partes del mundo los intereses económicos siguen imperando. Las ONGs tenemos que hablar con voz más alta, junto a los medios de comunicación".

En cuanto a los defensores de las armas legales y registradas, Ingstorp formuló una salvedad. "Hay que ser pragmáticos, tener en cuenta que hay gente que hace deportes, que caza.

"En la Argentina -ejemplificó-, hay muchos cazadores, y es una actividad turística importante. No imagino una Argentina sin armas, pero no puede ser que haya un arma cada 9 personas, y la mayoría la tenga para su seguridad. Eso es lo que queremos combatir".

En la experiencia mendocina, la campaña pública hizo "disminuir la confianza de la gente en las armas". Desde el Ministerio de Educación de la Nación, se están promoviendo campañas escolares tras la tragedia de Patagones, para el desarme civil.

Gabriel Conte destaca otra clave para el desarme de delincuentes: "Tiene que haber una policía honesta, comprometida con la ley, eficiente y con herramienta para atrapar al vendedor ilegal".