Los últimos datos del Indec mostraron un retroceso de los niveles de pobreza e indigencia a nivel nacional. Sin embargo, esa medición tomó en cuenta el valor de la canasta alimentaria de noviembre, con lo cual los aumentos registrados desde entonces determinaron que los ingresos de muchas personas que alcanzaban para cubrirlo, hoy ya no es posible. Por lo tanto, estas personas, que en la estadística no figuran como pobres, en realidad han pasado o vuelto a serlo. El problema es todavía más grave en la ciudad de Santa Fe, donde los índices fueron negativos.

La explicación de este fenómeno es más simple, si se la traduce en términos numéricos. A los efectos de las mediciones del Indec, la línea de pobreza está marcada por los ingresos necesarios para cubrir la canasta familiar, calculados en 745,40 pesos (incluyendo alimentos, transporte, vestido, educación, salud y esparcimiento). Quienes perciben menos que eso, están en una situación de pobreza. En tanto, para el estudio del Indec, por debajo de la línea de indigencia están quienes ni siquiera cuentan con los 335,76 pesos que se consideran necesarios para cubrir solamente la canasta básica alimentaria.

Sobre esa base, el último informe del Indec da cuenta de que, entre el primer semestre de 2004 y el segundo, la pobreza bajó del 44 al 40 % de la población, y la indigencia, del 17 al 15 %. Esta tendencia, que fue celebrada a nivel nacional y se reprodujo en algunas ciudades del territorio provincial, no se repitió en el conglomerado Santa Fe, que supera la media del país en cuanto a pobreza e indigencia.

Aun así, esos números quedaron desactualizados, ya que desde la medición se produjeron variaciones en el costo de los alimentos que, por lo tanto, modifican la cifra utilizada como parámetro y determinan que muchas personas cuyos ingresos no llegan a ella, hayan quedado bajo la línea de pobreza.

En números, la inflación acumulada desde diciembre está llegando al 4 %, pero los alimentos han subido mucho más que eso. De hecho, según la medición hecha por Adelco en súper e hipermercados de Capital Federal -la filial Santa Fe no la hace-, solamente entre el 16 de febrero y el 17 de marzo, el aumento fue del 5,47 % en marcas líderes. Pero si se toma las marcas más económicas de cada producto, el alza supera el 14 %.

Se calcula que por cada 1 % que aumenta el precio de la canasta básica alimentaria, 100 mil personas caen bajo la línea de pobreza. Esto llevaría a estimar que, desde diciembre hasta ahora, cuanto menos medio millón de personas se vieron en esa situación. La tendencia se agravará con un cuadro inflacionario que, según se calcula, estará por encima de los 8 puntos.

Según destaca un informe de Rosendo Fraga, para su consultora Nueva Mayoría, los aumentos salariales otorgados desde el gobierno no ayudan a mejorar este cuadro, ya que sólo alcanzan a quienes cuentan con un empleo formal, y sólo el 15 % de este universo -5,5 millones de puestos de trabajo- está por debajo de la línea de pobreza. Por el contrario, existe una cantidad casi equivalente de trabajadores en negro, que no se benefician con los aumentos por decreto y que, en un 85 %, están por debajo de la línea de pobreza.

La lucha del gobierno para evitar el alza de precios, a través de convenios y negociaciones con distintos sectores, está asentada precisamente en la convicción de que allí se está jugando la imagen de la gestión. Con una economía que registra niveles de crecimiento del 7 %, los desequilibrios en la distribución del ingreso y los altos niveles de pobreza e indigencia en el país determinan que, aun cuando no exista riesgo de hiperinflación ni déficit fiscal, cualquier variación en el costo de vida determina la suerte de miles de argentinos.

Los sondeos realizados por el Centro de Estudios Nueva Mayoría muestran cómo, entre 1988 y 1991, la inflación y su efecto sobre los salarios eran la primera demanda de la sociedad. Desde 1995 -estabilidad mediante-, el desempleo pasó a ocupar el rol de primera demanda social, para sólo ceder en 2004 frente al problema de la inseguridad pública. Ahora, a nueve de cada diez argentinos le preocupa la evolución de los precios.