El presidente Néstor Kirchner está convencido de que, tras la declaración de Rodrigo de Rato asegurando que se normalizaban las relaciones entre el FMI y la Argentina, el frente externo ha dejado de mostrar los rasgos de preocupación y gravedad que tenía apenas dos semanas atrás. Además, aunque saben que no será un caso cerrado, hasta que se expida la Corte de Apelaciones de Nueva York, creen en el gobierno que los reclamos de los fondos buitres ya no pondrán en peligro el ansiado cierre del canje de la deuda para salir del default.

También en el escenario internacional, el gobierno ha tomado la decisión de acelerar la normalización de las relaciones con distintos actores de esa arena. Por eso, Kirchner armó rápidamente una comitiva de alto peso político con destino al Vaticano donde presenciará la entronización de Benedicto XVI; saludó casi con entusiasmo la elección del conservador Joseph Ratzinger y, regionalmente, confirmó su participación en la cumbre de países árabes y el Mercosur, que Lula da Silva prepara en Brasilia para el 10 y 11 de junio.

Los buenos frutos de su viaje reciente a Alemania, en donde Argentina consiguió el apoyo de ese gobierno ante el Grupo de los Siete en la asamblea de primavera del FMI, y los altos costos pagados con anterioridad por desplantes y actitudes presidenciales que siempre generaron estupor en el extranjero, han convencido a Kirchner que ya no puede aparecer peleado contra el mundo. Es tiempo, en ese sentido, de rearmar el descalabrado andamio que permita sostener una creciente y mejor presencia argentina en el escenario global.

La contracara de esa tranquilidad que empiezan a reflejar las relaciones internacionales es un creciente grado de conflictividad social preelectoral que llegó a picos peligrosos ésta semana con los conflictos del hospital Garrahan y de los empleados de la aerolínea estatal Lafsa. Si Kirchner viene siguiendo al detalle la evolución de los principales focos de conflicto salarial y gremial, el jueves pasado esa atención se transformó en máxima preocupación, y disparó reuniones a tiempo completo en la Casa Rosada, incluyendo un encuentro con el líder de la CGT, Hugo Moyano, quien viene acatando linealmente los pedidos del presidente para desinflar la escalada de pugna salarial.

Aunque el Ministerio de Trabajo se esmere por transmitir una imagen de normalidad sobre el crecimiento exponencial de los conflictos salariales, algo que explica por el crecimiento del empleo, lo cual se traduce en un menor temor a la pérdida de la fuente laboral y una mayor preocupación por las condiciones salariales, Kirchner teme un efecto dominó que multiplique los reclamos salariales e impacten sobre el conjunto de la economía, además de embarrar el camino hacia las elecciones legislativas de octubre.

El gobierno, y así lo transmitió el presidente del Banco Central, Martín Redrado, a los senadores, no ve rastros de su política monetaria expansiva en los picos de inflación que se registraron en los tres primeros meses del año. Por el contrario, está seguro de que ese 4% de inflación desde enero a marzo se debe a la presión que los mejores sueldos están realizando sobre la oferta de productos y servicios.

En el aspecto macroeconómico, la Casa Rosada deduce que el largo tren de demandas salariales de estas semanas no tiene otro destino, en caso de resultar exitosas, que el de alimentar las llamas de la inflación. Ésa es la razón económica por la cual el jueves el gobierno anunció con vehemencia que ya no se darían aumentos por decreto, política defendida hasta ahora como un eje de alimento del consumo para garantizar el crecimiento de la economía. Tanto Roberto Lavagna como Kirchner han concluido que, dado que el crecimiento económico del PBI está garantizado hasta el 6% por arrastre estadístico de lo que la economía mostró hasta ahora, es preferible levantar el pie del acelerador de la demanda como fuente principal de crecimiento de la economía. Por eso también han inducido, a través del Banco Central, leves subas en las tasas de interés, de forma de sostener el consumo pero no incrementarlo.

Desde el costado político, Kirchner teme que se desboque el conflicto social si los reclamos salariales empiezan a escalonarse y potenciarse entre sí. El jefe de Estado ahora está dispuesto a sacrificar su histórico discurso a favor de una recuperación del poder adquisitivo del salario, así como de una mejor distribución del ingreso vía aumentos en los sueldos de los trabajadores, presionando a la CGT y los empresarios para que congelen todo intento de coordinación de aumentos salariales.

Kirchner ha comprado el argumento de Lavagna sobre la presión inflacionaria de los sueldos en alza, pero sabe que corre riesgos de generar enfrentamientos como los que empiezan a esbozarse con sectores combativos del sindicalismo y de los piqueteros. En la última semana, la Central de Trabajadores Argentinos, (CTA) liberada por Víctor De Genaro, salió a cuestionar los argumentos de Lavagna que esgrimen solamente la posibilidad de darse aumentos sobre el crecimiento de la productividad, afirmando que bajo ese mismo criterio los sueldos deberían seguir subiendo dado que el crecimiento de las ventas y los precios son superiores a los de los salarios.

El gobierno vive hoy las consecuencias de un incendio que ayudó a crear, cuando decidió mantener la política de aumentos salariales por decreto inaugurada por Eduardo Duhalde. Ahora, en pleno horizonte electoral, son cualquier cosa menos infundados los temores del presidente a pagar el costo político de frenar la pugna salarial, justo cuando la población percibe con claridad que los ingresos de las compañías no dejan de crecer.

Al mismo tiempo, el gobierno tiene la necesidad de acordar políticamente con los gremios, pero la pérdida o dispersión de la representatividad de los mismos atenta contra ese objetivo. La consecuencia: Kirchner archivó hace rato, por pedido de la CGT, la intención de reconocer a la CTA como interlocutor válido de los trabajadores, y apelará al cuestionable pragmatismo de los tres jefes cegetistas para imponer, desde adentro del movimiento sindical, coto a los reclamos salariales. El jueves último, fue Susana Rueda quien acusó a los trabajadores del hospital Garrahan de perseguir objetivos políticos y no gremiales en su reclamo de mejores sueldos.

No se trata de políticas que antes no haya puesto en marcha el peronismo, pero que en manos Kirchner -un crítico hasta ahora de aquellas viejas prácticas corporativistas- puede provocar al gobierno un costo político más alto de lo imaginado, en un año en el que todos los caminos conducen a octubre.

El plenario general de comisiones internas y delegados paritarios del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) declaró un paro general nacional de 24 horas para el miércoles 11 de mayo en las plantas de las fábricas Ford, General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler ante el fracaso de la negociación paritaria.

El plan de lucha comenzará el lunes 2 de mayo con paros de una hora por turno en esos establecimientos y continuará con una hora más de huelga por día hasta llegar al cese total de actividades el miércoles 11, informó el dirigente José Rodríguez.