Los diputados socialistas Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto afirmaron que "al final, Apropol tenía razón" con referencia a los reclamos efectuados días atrás por policías de la ciudad de Rosario que protagonizaron un autoacuartelamiento. Ambos legisladores hicieron la apreciación tras los anuncios efectuados en la semana por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y que incluyen una recomposición salarial y compra de equipos y armamentos para la policía.
Bonfatti recordó que "el gobernador Obeid manifestó irónicamente desconocer a la Asociación de Profesionales Policías, que no tenían ningún tipo de reconocimiento gremial ni sindical, por lo tanto desconocía a la agrupación. Resulta llamativo que después de pasar a disponibilidad a algunos de los policías que llevaron adelante la protesta, el ministro Rosúa terminó concediendo en un ciento por ciento el pedido de Apropol".
El jueves, antes de concurrir a la Legislatura, el ministro de Gobierno anunció una inversión de 18 millones de pesos en la compra de equipos, armas, vehículos y mejoras salariales para los policías. El jefe de la bancada socialista se pregunta si "era necesario tensar tanto la cuerda de un reclamo que no es de ahora, sino que se viene planteando desde hace ya mucho tiempo, y dejar a la ciudad de Rosario indefensa por varias horas, sin presencia policial en las calles".
Su par Lamberto cuestionó la forma de hacer política de este gobierno que "termina actuando como un bombero que tiene que apagar un incendio. Lo mismo sucedió con los docentes, tuvieron que realizar varios días de paros y movilizaciones para que finalmente el gobierno accediera a conversar y acordar un aumento en los salarios. Es una constante del Ejecutivo actual esperar hasta último momento y actuar finalmente cuando el conflicto ya estalló, aplicando parches y no soluciones de fondo".
Los radicales y las cárceles
En tanto, el bloque radical de Diputados señaló que en materia carcelaria, los problemas "son viejos y conocidos, la inoperancia y la demagogia también" tras advertir que las vidas perdidas y la degradación humana de los detenidos no admite más explicaciones y falsas promesas.
En un comunicado de la bancada que integran Oscar Ritter, Mónica Tomei, Federico Pezz, Hugo Marcucci y Juan Carlos Millet, se hace un repaso de los anuncios que en materia carcelaria vienen realizándose desde 1974 y aún no correspondidos con hechos.
El racconto se inicia con la ley 7.105 dictada durante la gestión de Carlos Sylvestre Begnis donde Roberto Rosúa era ministro de Gobierno. Dicha ley disponía la expropiación de terrenos para la cárcel de encausados de Rosario que aún no se ha concretado.
