Oscar Camilión, ministro de Defensa del gobierno de Carlos Menem (1989-99), admitió esta mañana haber cobrado salarios secretos en la década pasada y señaló que se trataba de una práctica "generalizada".
En diálogo con la prensa antes de ingresar a los tribunales para declarar ante un juez por el escándalo, Camilión dijo que los beneficios los recibía en concepto de "refuerzo de asignación" y sostuvo que los pagos "no eran ilegales".
Desde la prisión, María Julia Alsogaray, quien ocupó varios altos cargos en el gobierno de Menem, denunció que en aquél entonces los ministros cobraban hasta 100.000 pesos o dólares mensuales de sobresueldos. La ex funcionaria salió sorpresivamente de prisión la semana pasada, luego de haber estado 21 meses detenida por causas de corrupción.
El ex ministro dijo creer que el pago de salarios secretos con fondos reservados a altos funcionarios en la década anterior era una "situación generalizada", aunque aclaró que no lo podría asegurar "como testigo en un tribunal" porque no le consta personalmente.
Camilión estuvo preso por una causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, al igual que Menem y otros de sus ex ministros.
El senador radical Rodolfo Terragno advirtió que los sobresueldos a funcionarios públicos "son graves, pero son la propina que reciben algunos", y opinó que "no hay interés" en revertir la situación de parte de quienes "alguna vez usaron, usan o esperan usar" los fondos reservados.
"Los sobresueldos son graves, pero son la propina que reciben algunos. El problema principal es la cantidad de dinero que se entrega a distintos funcionarios para que lo usen como se les dé la gana", subrayó el legislador.
Terragno precisó, en tal sentido, que "la Side tiene 239 millones de pesos de gastos reservados; el Ministerio del Interior, 80 millones en ATN; Defensa tiene 61 millones en gastos reservados; la Secretaría de Interior, 10 millones".
"A eso hay que agregar -continuó- los 3.600 millones del Fondo Fiduciario, que tienen un alto grado de discrecionalidad y un control deficiente".
El senador admitió que "por supuesto, todo Estado tiene operaciones secretas para investigar, por ejemplo, una posible acción de narcotráfico o actos terroristas. Eso no lo puede estar ventilando, pero la contabilidad de eso -señaló- debe ser llevada".
"Cuando se levanta el secreto sobre una operación tiene que constar todo lo que se gastó, y durante el período secreto hay que suspender la prescripción para que la responsabilidad penal empiece a correr el día que se levantó el velo. Eso es lo que sería un manejo serio", agregó.
Advirtió, no obstante, que "si los fondos reservados son cajas negras se pueden usar para cualquier cosa: se pueden usar para perseguir una red de narcotraficantes o una acción terrorista, o se pueden usar para financiar campañas políticas, sacar leyes o sobornar periodistas...".
Para el senador radical, "no hay interés en resolver esto de parte de quienes alguna vez usaron fondos reservados, de quienes los usan actualmente o de quienes esperan usarlos algún día".